Paula Ruiz
El Partido Acción Ciudadana (PAC) frenó el inicio de la discusión sobre la posible reelección del actual regulador general, Roberto Jiménez.
Para que el Plenario procediera con este objetivo, requería mínimo 38 votos sin embargo, por los votos negativos del PAC más del liberacionista Jorge Fonseca, sumaron nueve votos, suficientes para no llegar a la cantidad mínima.
Laura Guido, jefa de fracción de los oficialistas, defendió que su partido prefería la discusión a partir del próximo lunes.
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Indicó que los oficialistas requieren “reflexionar” e incluso, tener una conversación con el regulador a fin de aclarar temas.
Guido aseguró los votos de su fracción para sesiones extraordinarias o incluso, continuar con las sesiones hasta las 9 p.m.
Molestia de diputados
La molestia de diputados de oposición se manifestó de inmediato. Aprovecharon para criticar al Gobierno y a la fracción oficialista por obstaculizar el tema.
El malestar se concentra en que tienen tiempo para tomar la decisión sobre Jiménez a más tardar el 14 de enero y los opositores están interesados en discutir ampliamente.
En caso de llegar a esa fecha sin haber decidido mediante el voto, quedará ratificado en el puesto hasta el 2028.
“Quieren llevarnos al filo de la navaja para que se rompa el quórum, decir que había otro tema y que quede ratificado”, criticó José María Villalta, diputado del Frente Amplio.
“No entiendo el misterio que se tienen o, ¿Es que quieren comprar más conciencias?”, señaló Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del PUSC.
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Los liberacionistas Roberto Thompson, Carlos Ricardo Benavides y Paola Valladares se sumaron a los señalamientos contra el PAC.
Valladares reclamó que el tiempo requerido por el oficialismo es para llamar a diputados con tal de inclinarlos a su favor.
“Necesitan que los tentáculos del poder económico logren hacer lo de hace cinco años pagar las dietas de quienes no se presentaron, eso es lo que el pueblo debe saber”, aseguró la verdiblanca.
Jiménez está en el puesto desde 2016 después de ser promovido por el gobierno de Luis Guillermo Solís.
