Tomás Gómez
Los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC) han recurrido a la Sala Constitucional para buscar la anulación del acuerdo firmado entre el Gobierno, la administración de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y los sindicatos de la institución para que levantaran la huelga.
“Nos parece que es una barbaridad que cada vez que una institución del Estado quiera utilizar su autonomía pretenda pasar por encima de la ley”, indicó la jefa de fracción, María Inés Solís.
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“No es posible que cada vez que a un sindicato se le antoje no ser parte de lo que establece la reforma fiscal, se ponga a negociar con el Estado”, agregó.
Artículos en detalle
En su acción de inconstitucionalidad, los rojiazules consideran violados los siguientes artículos de la Constitución Política:
- 1| Principio Democrático: a criterio de los diputados, mantener los pluses salariales y pagarle a los empleados de manera bisemanal y no por quincena -lo que implica un costo de ¢540.000 millones al año- es contrario a la ley.
- 33| Principio de Igualdad: los legisladores reclaman que no hay justificaciones para darle un trato diferenciado a la planilla de la CCSS.
- 9| Principio de División de Poderes: los alcances de acuerdo le habrían pasado por encima al Poder Judicial al adelantar una interpretación que les corresponde a la justicia.
- 28| Principio de Reserva de Ley: los acuerdos, para poder regir, tendrían que pasar por un proceso de creación de ley y no ser reconocidos por un simple acuerdo.
- 105| Funciones de la Asamblea Legislativa: el reconocimiento y la creación de nuevos derechos, como lo habría hecho el acuerdo, es una función del Parlamento, no de los representantes del Poder Ejecutivo que formaron parte del acuerdo.
El PUSC combate el acuerdo
En el primer año de Administración de Carlos Alvarado, el PUSC fungía como un aliado tanto en Casa Presidencial -como parte del Gobierno de Unidad Nacional- como en Cuesta de Moras -dando los votos a la Reforma Fiscal-.
Ahora, el partido ha mostrado su desaprobación con el acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos del sector salud.
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En dicho trato, los representantes del Gobierno acordaron no aplicar la regla fiscal en la CCSS, no sancionar a los huelguistas e iniciar un proceso judicial para mantener beneficios salariales en la institución.
A manera de protesta, la fracción se opuso primero a la aprobación de nuevos préstamos internacionales.
Luego, se solicitó a la Contraloría General de la República que rechace la aplicación del acuerdo, a lo que se suma la acción ante la Sala Constitucional.
