Gustavo Martinez
El Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley de Ciudad Gobierno a la Asamblea Legislativa antes de que finalice el mes de diciembre, luego del rechazo de la Contraloría General de la República (CGR) al recurso de apelación en subsidio.
Así lo informó el presidente de la República, Rodrigo Chaves en la cadena nacional del domingo.
“La Asamblea Legislativa recibirá por parte del Ejecutivo, antes de que termine el mes de diciembre, un proyecto de ley que les diga a los diputados: “o interprete esto correctamente (interpretación jurídica de la Contraloría), como le corresponde o dennos permiso de construir Ciudad Gobierno”.
“El daño que se le hace al presupuesto del país, y a los costarricenses, es simplemente demasiado grande para dejar pasar esto”, manifestó el mandatario.
Los diputados están a punto de salir a su receso de vacaciones de Navidad y fin de año, por lo que el texto quedaría para iniciar su trámite legislativo en enero.
El 31 de ese mes finalizan las sesiones extraordinarias, cuando el Gobierno maneja la agenda de los diputados.
Diferencias de interpretación
El punto de discordia se dio tras el rechazo de la Contraloría al recurso de apelación del Ejecutivo, desde el pasado 28 de noviembre.
El ente se base en la interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, mientras el Ejecutivo defiende el proyecto tras “rigurosas figuras legales y financieras”.
La administración pretendía usar la figura de arrendamiento bajo el modelo BOLT “Build, Operate, Lease & Transfer”, es decir “Construir, Operar, Arrendar y Transferir”.
Ante esta alternativa, el despacho de la contralora, Marta Acosta, interpretó el artículo en cuestión bajo los siguientes argumentos:
- El arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
- Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
- Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
- Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
Ahorro
Uno de los principales argumentos del Gobierno es que esta obra tendría un costo de $450 millones y estaría a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de un empréstito con el organismo internacional. El país solo pondría el terreno para construir.
El Ejecutivo sostiene que el proyecto permitiría un ahorro al país de unos $17 millones anuales.
Actualmente, del presupuesto nacional se asignan $50 millones para el pago de alquileres, mantenimientos y servicios adyacentes de las edificaciones.
De concretarse la construcción, la ministra de Planificación, Laura Fernández, asegura que el país le cancelaría al BCIE un monto inicial de $33 millones, durante 25 años. Además, la jerarca enfatiza en que dicha cantidad iría en disminución cada año.
“Este sería uno de los proyectos de infraestructura más grandes del país. Nos convertirá en propietarios de una vez por todas de los edificios que por décadas hemos arrendado”, señaló la jerarca.
“Un equipo de ministros estudiamos, durante un año completo, la mejor opción, la más barata, eficiente y rentable para el país. Por eso fue que escogimos el arrendamiento operativo que contempla la Ley de Contratación Pública”, enfatizó Fernández.
Tanto Presidencia como el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) aseguran que el ahorro anual de $17 millones permitiría la inversión de otras obras públicas.
Este monto de ahorro permitiría las siguientes construcciones:
- El acueducto de San Ramón y Palmares.
- El sistema de agua potable del Guarco de Cartago.
- Nuevo acueducto de Pérez Zéledon.
- Ruta de Paso Canoas, Laurel y Bella Luz.
Ciudad Gobierno de ubicaría en Plaza González Víquez. (Archivo)
Recepción del proyecto
Este medio previamente consultó a algunos legisladores sobre las valoraciones del Ejecutivo en la presentación de un proyecto de ley sobre Ciudad Gobierno.
La diputada de Liberación Nacional (PLN), Katherine Morera afirma la relevancia del proyecto de Ciudad Gobierno, para garantizar un avance a nivel país.
Moreira llama al Ejecutivo a escuchar las consideraciones de la Contraloría y que así busquen las alternativas que otorguen su viabilidad e inicio de las obras.
“Si es a través de un proyecto de ley, pues aquí en la Asamblea lo estudiaremos, analizaremos, con toda la responsabilidad como se ha hecho con cada uno de los empréstitos que recibimos cada año”, aseguró la liberacionista ante la consulta de este medio.
En la misma línea, la diputada socialcristiana Melina Ajoy aseguró que analizarían los pros y contra del proyecto sobre Ciudad Gobierno, al concretarse la convocatoria por parte del Ejecutivo.
“Si se hablara de un ahorro significativo (del costo de la obra), evidentemente, la fracción de la Unidad Social Cristiana va a tomar eso como un punto de partida muy importante”.
“Tenemos que esperar si este proyecto va a ingresar a la corriente legislativa, para poder analizarlo a fondo”, indicó la legisladora.
Por su parte, la diputada liberacionista Rosaura Méndez recomienda la búsqueda de las soluciones legales y factibles al proceso que está llevando el Proyecto Ciudad Gobierno.
“La propuesta que establece el Gobierno es construirlo mediante la modalidad “Construir, Operar, Arrendar y Transferir”, donde se le otorgaría directamente al Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) la construcción del mismo, sin incurrir en el proceso ordinario de licitación pública”, afirmó.
“Rechazo que se quiera usar a la Asamblea Legislativa para brincarse el proceso que establece la ley tal y como lo manifestó el señor Presidente”.
Méndez externa que el procedimiento ordinario que especifica la Contraloría podría ser más beneficioso, puesto que abriría un espacio de concurso para contemplar la mejor propuesta en términos de presupuesto, diseño y tiempo de construcción.
El complejo gubernamental albergaría a más de 10.000 funcionarios públicos y a más de 30 instituciones públicas, en un espacio de 270.000 metros.
Contaría con más de 1.000 parqueos y se construiría en un punto estratégico del centro de San José, a fin que las personas usuarias de servicios públicos puedan realizar sus trámites en un solo lugar.
