Voz de América
(San José). El Parlamento de Nicaragua aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional. La modificación establece sanciones penales a los miembros de este cuerpo que abandonen la institución alegando “que incurren en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana”.
Por desertar en Nicaragua los policías podrán enfrentar entre 2 y 3 años de prisión, según la reforma que fue aprobada de manera unánime con 92 votos a favor y ninguno en contra. Mientras que por incumplir en sus deberes, podrían ser sancionados entre 6 meses y dos años de cárcel.
Por otro lado, la Asamblea Nacional reformó en primera legislatura el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece que la Policía Nacional “es apartidista y apolítica”.
Con la reforma constitucional -que deberá ser ratificada el próximo año en una segunda legislatura- se suprimiría el apartidismo policia. Una vez se apruebe, este órgano se subyugaría al presidente Daniel Ortega.
La justificación oficial
“Probablemente se va a oír, una alharaca de que se le quitó la naturaleza civil a la policía, de que se le quitó lo que es apartidista o apolítica. Esto como que si esas cosas son las que determinan el actuar”, dijo a los medios afines a Orteg el diputado oficialista Edwin Castro.
Se trata de un legislador sancionado por Estados Unidos por violación a los derechos humanos.
Según Castro, “lo más importante” es que se reafirma que “la policía además de cuidar y preservar el orden interno, también preserva el orden social. Pero, además, preserva -quizá lo más importante- la vida de los ciudadanos, sus bienes y los de las instituciones y sociales”.
“Es un distractor el estar discutiendo que si es apartidista o apolítica, cuando la Policía tiene que tener la fuerza suficiente para proteger los bienes sociales. Para proteger la vida de los nicaragüenses y los bienes del Estado, y por consiguiente los bienes particulares de los nicaragüenses.
“El mejor ejemplo que pudimos tener fue en el desgraciado intento fallido de golpe de Estado”, aseguró Castro en relación con las protestas contra Ortega en el año 2018.
Ortega centralizará todo el poder, dice experta
Elvira Cuadras, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), comentó a la Voz de América que las reformas buscan implementar “una institucionalización del sistema policial” en Nicaragua.
“Estas reformas a la Constitución y a la Ley de Policía Nacional se enmarcan en cambios del marco jurídico. Estas buscan que este cuerpo armado sea proclive a las disposiciones que emanan de la presidencia sin objeción alguna”, indica al respecto Cuadras. “Las decisiones estarán centralizadas al ejecutivo”.
Policías antidisturbios desalojan a periodistas desde la entrada principal de su medio hasta una estación de policía en Mangua, Nicaragua, el 15 de diciembre del 2018
Por su parte el exdiplomático nicaragüense Arturo McFields subrayó en Twitter que las reformas evidencian que “Ortega tiene pánico a una rebelión en la granja”.
“Las reformas a la Constitución y a Ley de la Policía buscan concentrar el poder, debilitar la institucionalidad y recrudecer la represión. La lealtad de la policía es volátil y voluble. Ortega lo sabe y tiene miedo”, escribió.
Desde la llegada al poder en Nicaragua del presidente Daniel Ortega en 2007 a la fecha casi se duplicó la cifra de oficiales que conforman las filas de la Policía Nacional, según datos oficiales publicados en los Anuarios Estadísticos de la institución.
Sin embargo, la percepción ciudadana de seguridad disminuyó, de acuerdo a los analistas consultados. Ellos argumentan que las fuerzas policiales han sido utilizadas con el único fin de afianzar el poder de Ortega.
Actualmente la institución está catalogada como “el brazo represor” del gobierno por lo cual fue sancionada por Estados Unidos.
