Paula Ruiz
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios concretaron este miércoles una rebaja al servicio de la deuda pública por ¢81.000 millones.
Esto mediante la aprobación de mociones durante la discusión del Presupuesto Ordinario para el 2023.
Los legisladores aprobaron esta disminución a partir de tres motivaciones, según indicaron.
Esto los llevó a ser catalogados como irresponsables por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien expuso los nombres de los ocho diputados que votaron a favor de las rebajas.
“Lo que más me duele a mí es que ayer (martes), ocho diputados aprobaron mociones que le quitan a la partida del pago de intereses de la deuda pública que se acumuló por 40 años por acciones de la Asamblea Legislativa”, declaró el mandatario.
“Fíjense quiénes son y qué están haciendo”, espetó Chaves a la ciudadanía.
Críticas desde Cuesta de Moras
Esto generó malestar entre diputados de oposición, quienes criticaron la forma en que el jefe de Estado se expresó de legisladores.
Una de ellas fue Gloria Navas de Restauración Nacional, quien le dijo a Chaves: “medite sobre sus palabras, no amenace, actúe con inteligencia, actúe con dominio propio. Busque el consejo ideal, señor presidente, no se enoje señor presidente…
“Cálmese, use su capacidad mental para hacer las cosas correctamente, rectifique, eche para atrás y pídanos perdón”, agregó la legisladora.
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Incluso, Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reclamó que el Gobierno pudo haber consensuado estas mociones; sin embargo, no tuvo la capacidad de acercarse a los miembros de la Comisión para lograr acuerdos.
En tanto, la oficialista Pilar Cisneros reclamó por las decisiones tomadas en el foro legislativo que ella integra.
“Sacan del pago para los intereses de la deuda… pregunto: qué queremos hacer? ¿seguir haciendo un hueco fiscal más grande? ¿seguirnos endeudando?”, cuestionó Cisneros.
A su criterio, se trata de un acto irresponsable ,porque los diputados decidieron tomar dinero presupuestado para el pago de intereses con tal de “hacer reparticiones” con base en motivaciones personales.
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Las partidas sociales
En cuanto a las motivaciones de los congresistas de oposición para aprobar estas rebajas, este es el detalle.
La primera de ellas tiene que ver con recortes efectuados por el Gobierno a partidas sociales.
Antes de la discusión de mociones, Eli Feinzaig, diputado del Liberal Progresista, catalogó como una “procesión de jerarcas viniendo a quejarse del presupuesto que su propio Gobierno planteó”.
Eso sí, Feinzaig y los liberales no apoyaron ninguna moción de recorte al servicio de la deuda.
Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión, expuso que el presupuesto presentado el 1 de setiembre ante el Congreso traía recortes realizados por el Gobierno en partidas como cultura, educación, salud y sectores vulnerables.
A esta posición, se sumó el socialcristiano Alejandro Pacheco, quien recordó algunos recortes del Poder Ejecutivo.
“Aquí el irresponsable es el presidente (Chaves) que quiere dejar a Conapam (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor) sin recursos, a las municipalidades sin recursos para atender caminos. También a asociaciones de desarrollo sin recursos.
“Que no quiere construir viviendas, que no quiere arreglar las carreteras. Que quiere dejar al Ministerio de Cultura sin recursos para cerrar el Museo de los Niños, el Parque La Libertad y otro montón de programas… quiere dejar al Poder Judicial sin recursos”, fustigó Pacheco.
Ante esta realidad, los legisladores aseguran que buscaron una partida que pudieran tocar para suplir estas necesidades.
“Hemos decidido una vía que no aumenta en un solo colón la emisión de deuda para recuperar recursos necesarios para atención a personas adultas mayores, que se envíen a la Caja y no se engrose más la deuda”, dijo Jonathan Acuña, jefe de fracción de Frente Amplio.
Ejecución de presupuestos
La segunda razón esgrimida para utilizar recursos del servicio de la deuda se basa en que es un monto subejecutado.
El liberacionista Gilberth Jiménez expuso, por ejemplo, que en el 2019 había un presupuesto por ¢4,3 billones y hubo un remanente por ¢783.000 millones.
En tanto, al año siguiente, durante la pandemia, se presupuestaron ¢3,9 billones y al final del año, sobraron ¢568.000 millones.
Acuña se sumó a este análisis, al indicar que en 2021 se ejecutó un 93,7% de lo presupuestado.
“Y si nos vamos a ver de 2015 a 2021 encontramos en que en el 2016 es cuando lograron ejecutar más, que fue 95,4% con un 4,6% de subejecución. Eso pasa acá, que hay un espacio en esa partida.
“Por eso varios diputados y diputados hemos encontrado una posibilidad para intentar deshacer varios de los recortes graves, que encontramos en el análisis de este presupuesto, no surge de la nada”, puntualizó.
Lo dicho por la Contralora
La tercera motivación tiene que ver con el hecho de que la contralora general de la República, Marta Acosta, confirmó que el Gobierno tiene una subestimación de ¢539.000 millones en ingresos dentro del Presupuesto Ordinario 2023.
Acuña explicó que esto importa porque tiene implicaciones contables así como en la estrategia de la deuda.
“Hemos decidido tomar recursos que se subejectuan de la partida de intereses, pero si la estimación de intereses para 2023 se hizo considerando la emisión de 2022, está sobreestimada en ¢539.000 millones al menos”, expuso el diputado.
Cisneros defendió que en caso de haber más ingresos, tarde o temprano, la Asamblea Legislativa se dará cuenta porque todo pasa por el control de este Poder de la República.
“Ojalá, porque si tenemos más ingresos, no vamos a tener que recurrir tanto a la deuda”, destacó.
Según la oficialista, en caso de existir esta subestimación, puede utilizarse para amortizar al servicio de la deuda.
“En tanto logremos morder la deuda, vamos a liberar recursos para invertir, en carreteras, en escuelas”, concluyó la diputada de Gobierno.
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