Katherine Ulate A.
Una propuesta para reestructurar la asignación de recursos que provee la Ley General de Control de Tabaco pone en disputa a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y los diputados de varias fracciones.
La polémica surge por la intención de transferir un 10% del dinero que reciben la CCSS y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).
Dicha propuesta es parte del proyecto de Ley propuesto por el diputado liberacionista Luis Antonio Aiza.
Aiza plantea movilizar un 5% de cada institución al Icoder para fortalecer la prevención del consumo del tabaco desde el deporte.
De acuerdo con el artículo 29 de Ley General del Control del Tabaco, Nº 9028, los recursos que se recaudan por el impuesto a las cajetillas de cigarros se distribuyen en: 60% a la CCSS, 20% para el Ministerio de Salud, 10% para el IAFA y 10% para el Icoder.
El proyecto de ley fue aprobado en primer debate por 39 diputados, sin embargo, 10 diputados solicitaron enviar la iniciativa a consulta en la Sala IV debido a sospechas de que le petición contradice lo estipulado en el artículo 177 de la Constitución Política de Costa Rica.
Dicho artículo estipula que el Estado “creará a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social rentas suficientes y calculadas de tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la institución”.
Fortalecer a las nuevas generaciones
El diputado asegura que el movimiento de fondos es para “fortalecer a las nuevas generaciones y para prevenir la parte del consumo del tabaco”. Su iniciativa se ampara en que -según él- “los superávits que tiene la Caja y el IAFA son altísimos”.
Aiza estima que dicho monto en la Caja es ¢81.000 millones y que, adicionalmente, la institución recibe anualmente ¢16 millones provenientes de los impuestos de las cajetillas de cigarros.
“Lo que no me gusta es que están haciendo inversiones en infraestructura y ese dinero no es para infraestructura. Lo que invierten para tratamientos de cáncer son $4 millones, ¿por qué entonces no utilizan más dinero de eso para el cáncer?”, aseguró Aiza.
Señala que la institución trae personas del exterior a dar charlas “le dan comida, alojamiento (…) que me parece, es un desperdicio de dinero con algo tan importante que es la prevención y el tratamiento del cáncer”.
Sin embargo, el diputado aseguró que aceptará la decisión de la Sala IV si determina que el dinero no puede ser transferido a la institución del deporte.
“No es un superávit”
Gonzalo Azúa, de la Coordinación Técnica del Cáncer de la CCSS, asevera que ha intentado cambiar el concepto de superávit ya que son fondos que están en vías de ejecución para proyectos. Pero, al no ejecutarse de forma inmediata se reflejan en los informes como tales.
Señaló que, pese a que no está en desacuerdo que el deporte es necesario, el quitarle recursos a la Caja debilitan a la institución ya que los ingresos presupuestados disminuyen año con año.
“El dinero que recibe la Caja se utiliza para fortalecer la atención del cáncer, la prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaco. Incluye enfermedades cardiovasculares y respiratorias como grandes grupos además de cáncer, porque el tabaco se relaciona con una serie de enfermedades”, explicó el Azúa.
En cuanto al cuestionamiento del diputado en la inversión de la infraestructura, el doctor justifica que los proyectos incluyan edificios “porque las máquinas necesitan un entorno o remodelaciones para instalar el equipo”.
Por esto las inversiones se reflejan en los informes como partidas presupuestarias de infraestructura y equipo.
Azúa agregó que los proyectos son integrales. Esto significa realizar actividades de prevención y tratamiento, por ejemplo: educar a niños y hacer campañas a los menores de edad.
“¿Cómo educamos a un niño para que deje de fumar? No le damos un folleto para que lea y ya. Tenemos que hacer entretenimiento (…) le enseñamos, que pinte y haga; entonces si se saca de contexto eventualmente van a decir ¿por qué están haciendo esas actividades que no tienen que ver con tratamiento? Claro, tienen que ver con prevención”, finalizó el médico.
IAFA también se opone
El IAFA explicó que un 5% menos equivale a ¢1.600 millones, esto pondría en riesgo dos de los proyectos más grandes que tienen: Los seis Centros de Atención Integral (CAI) y el programa “Fusión Calle”.
Anteriormente, Wendy Castro, encargada del proceso de capacitación, asesoría y seguimiento del IAFA, explicó a este medio el pasado 30 de junio, que la institución emplea un modelo de atención denominado “biopsicosocial”.
Es decir, abordan la adicción desde la parte física, la psicológica así como el contexto social en el que se desenvuelve el paciente.
Por último, Castro hizo hincapié en que el IAFA atiende a toda la población de forma gratuita, mientras que la CCSS solo brinda servicios a los asegurados. En este sentido, Castro afirmó que el 68% de los pacientes que cobija el instituto, no tiene seguro.
Katherine Ulate A.
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