Rodrigo Díaz
El presidente Carlos Alvarado vetó de forma parcial la Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia aprobada en segundo debate la semana pasada por los diputados de la anterior legislatura.
Para hacerlo adujo razones de constitucionalidad, así como de conveniencia y oportunidad.
Varios incisos de la iniciativa, si bien tienen “una loable intención de regular adecuadamente el acceso a la información pública, podrían ocasionar confusiones interpretativas que lo limiten u ocasionen inseguridad jurídica”, señala el mandatario en el documento que justificó el veto.
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Por razones de constitucionalidad se vetaron también dos incisos que representan un riesgo para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la libertad la prensa.
“La limitación establecida en el Decreto Legislativo N° 10.242 genera un quebranto al orden constitucional y convencional del ejercicio de la libertad de prensa, la cual ha sido uno de los valores más importantes de la democracia costarricense a lo largo de la historia”, detalló Alvarado.
Incisos como el d) y g) del artículo 8 de dicha ley, señalan limitantes para informar sobre procesos judiciales, entre ellos, corrupción, según denunció el Colegio de Periodistas.
El proyecto fue promovido por la exdiputada Carmen Chan, ligada a Nueva República.
Fracciones de nueva Asamblea pidieron veto
Cuatro fracciones de la actual Asamblea Legislativa pidieron vetar este proyecto.
En un principio iban a hacer la solicitud a Chaves dado el poco tiempo que tenía Alvarado para hacerlo.
“Estamos rompiendo con un de los principios básicos de los cuáles, Costa Rica de forma histórica se ha diferenciado de muchos países y es la libertad de prensa, ética y transparencia, me parece totalmente restrictivo esa propuesta que se presentó”, dijo en su momento la jefa de fracción del PLN, Kattia Rivera.
Rodrigo Díaz
