Paula Ruiz
El Directorio de la Asamblea Legislativa tardó dos meses en conocer el informe de la Procuraduría General de la República (PGR) donde advirtió faltas al deber de probidad del diputado Jonathan Prendas.
La PGR indicó que la investigación culminó desde el 14 de diciembre del 2020 y se notificó al Congreso desde el 12 de enero anterior.
Fue hasta el jueves anterior cuando el Directorio Legislativo tomó el acuerdo relacionado con este caso, detalló Eduardo Cruickshank, presidente del Congreso.
El jerarca agregó que la tardanza se debió a la falta de experiencia de los integrantes del Directorio en este tipo de situaciones.
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“Porque en el Directorio no tenemos la experticia en cuanto al tratamiento de situaciones como esa que hay que tener bajo cierta confidencialidad”, declaró a El Observador.
“Y tomando en consideración que no existe un marco sancionatorio para diputados entonces tuvimos que hacer una serie de consultas de tipo legal, tuvimos que asesorarnos, etcétera, etcétera y hasta ahora pudimos llegar al punto para tomar un acuerdo conforme a lo que corresponde”, continuó Cruickshank.
La PGR notificó al Congreso desde el 12 de enero por el caso de diputado Prendas. Fotografía: Jose Díaz/Agencia Ojo por Ojo
Confidencial
En el documento, la Procuraduría advierte a la Asamblea Legislativa por no legislar sobre sanciones hacia diputados que cometan faltas al deber de probidad.
José María Villalta, diputado del Frente Amplio, consideró urgente aprobar el proyecto 21.515 para determinar sanciones contra diputados por estas situaciones.
No obstante, Cruickshank evitó referirse a los señalamientos de la Procuraduría debido a que el informe fue catalogado como confidencial.
Dádiva en Barcelona
En el informe, la Procuraduría advierte que Prendas incurrió en faltas al deber de probidad por recibir un viaje todo pago a Barcelona, España.
En aquel momento, un empresario pagó el tiquete aéreo y gastos para que el congresista asistiera a un congreso tecnológico.
El evento se desarrolló del 25 al 28 de febrero del 2019 y fue catalogado por el ente anticorrupción como una dádiva.
“Aclara esta oficina anticorrupción que, a partir de los contenidos y alcances del deber de probidad estudiados en las secciones precedentes de este informe, nuestro legislador diseñó un régimen de donaciones y obsequios, en el que se prohíbe terminantemente a los servidores públicos recibir o requerir dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas o cualquier otra ventaja como retribución por actos u omisiones inherentes a sus cargos”, señala el documento.
En marzo del 2019, la Procuraduría denunció ante el Ministerio Público a Prendas por este mismo caso.
El ente considera que el diputado incurrió en el supuesto delito de enriquecimiento ilícito establecido en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
El caso se investiga a través del expediente 19-10-33-PE lo cual implicó allanamientos de la agencia de viajes con la que habría viajado el diputado.
Prendas no quiso referirse al informe aduciendo precisamente que esta causa permanece abierta.
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