Tomás Gómez
El presupuesto nacional del 2018 fue declarado inconstitucional esta tarde por la Sala IV dado que no incluyó los recursos para cubrir el aumento de las pensiones mínimas del Regimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Con esta decisión, los magistrados establecieron que el dinero deberá ser repuesto por parte del Ministerio de Hacienda.
Para el momento de la discución el monto era de ¢56 mil millones que de acuerdo con el alto tribunal se vuelve de gran ayuda dado el momento complejo que atraviesa la CCSS en medio la pandemia.
Considerando el impacto financiero de su decisión, eso sí, los magistrados determinaron que el pago deberá hacerse en un plazo de cinco años.
“Para evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales, se dimensionan los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, para que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, en coordinación con las del Ministerio de Hacienda, establezcan de inmediato un mecanismo para el reintegro de la citada cuota, la que se deberá cancelar en un plazo máximo de cinco años, contados a partir de la notificación de esta resolución”, señaló la sentencia.
OBSERVE MÁS 500.000 empleos menos y vacío de ¢879.000 millones: las proyecciones de la CCSS para la pandemia
El proceso estuvo a cargo del magistrado Luis Fernando Salazar y participaron en él también los jueces Fernando Castillo, Fernando Cruz, Nancy Hernández, Jorge Araya, Anamari Garro y Paul Rueda.
En la resolución, este último incluyó un llamado de atención a los Poderes Legislativo y Ejecutivo para que la situación no se repita.
El reclamo había sido interpuesto el 29 de enero del 2o18 por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).
