Paula Ruiz
La Asociación de funcionarios Aresep y Sutel (AFAS) pidió a los diputados no ratificar el nombramiento de Roberto Jiménez como regulador general de Aresep.
Dicho nombramiento, lo promueve el Gobierno desde ya, pese a que su período en funciones vence hasta mayo del 2022.
La semana pasada, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso pronunciarse al respecto para lo cuál tienen 30 días hábiles. De concretarse lo solicitado por el Gobierno, Jiménez continuaría por seis años más en el cargo.
Justamente, el sindicato mostró su preocupación porque el Poder Ejecutivo corre a dejar en el puesto a Jiménez aunque todavía faltan cinco meses para culminar su período. En contra parte, hay dos miembros de Junta Directiva sin nombrar desde mayo anterior y a la fecha no han sido designados.
“Por lo que extraña que se haya propuesto el nombramiento del señor Jiménez Gómez para un segundo periodo sin haberse vencido el plazo de su designación, cuando ni siquiera se han nombrado los miembros de la Junta Directiva faltantes, que es lo realmente urgente para realizar las labores regulatorias medulares”, informó el sindicato.
También denunciaron que ha habido fuertes diferencias de criterio entre Jiménez y los otros tres miembros de la Junta lo cual limita la adopción de medidas regulatorias.
“¿Por qué la remisión de la propuesta de un nuevo nombramiento de una persona a la que le faltan cinco meses para finalizar su periodo? ¿Acaso no es más urgente nombrar a los miembros de la Junta Directiva faltantes para poder resolver los recursos que a nivel tarifario se presenten, así como las demás incidencias necesarias para la buena marcha de la institución? Llama la atención las prioridades de este gobierno”, indicó el sindicato.
Adicionalmente, recuerdan que el Gobierno ha cuestionado la reelección de altos jerarcas en puestos como por ejemplo los alcaldes.
En caso de que el regulador general cuente con el aval del Congreso, llegaría a contabilizar 12 años en el puesto.
Con sello PAC
En abril de 2016, Jiménez fue ratificado como regulador general después de ser promovido para el cargo por el entonces presidente Luis Guillermo Solís.
Las críticas surgieron porque el jerarca laboró durante 20 años en el Instituto Costarricense de Electricidad la cual es regulada por Aresep.
Para ese momento, Jiménez logró la ratificación debido a la ausencia de legisladores del PAC. Eso implicó que la sesión legislativa no pudiera desarrollarse y con ello, el nombramiento se realizó de manera automática.
En 2018, la Contraloría General de la República ordenó a Jiménez la devolución de 55 millones de colones dados como cesantía.
La CGR justificó la petición en el artículo 285 del Código de Trabajo donde impide que funcionarios puedan ocupar un cargo público después de haber renunciado a otro puesto.
La única opción para integrarse a otro trabajo en la función pública, es reintegrando la cesantía. Jiménez renunció al ICE el 9 abril de 2016, dos días después de la ratificación de su nombramiento.
“AFAS solicita su intervención para que, como ha sido costumbre de este parlamento, se realice un ejercicio riguroso de fiscalización y control político que no permita un nombramiento sin concurso, así como tampoco que éste se haga de forma automática sin estar precedido de un debate en el pleno de la Asamblea”, concluyó.
Para este lunes, la Comisión de Nombramientos tiene prevista la discusión de la ratificación o no del regulador general.
Se solicitó una reacción de Floria Segreda, diputada presidenta del foro legislativo pero, al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Con respecto a Casa Presidencial, tan siquiera respondieron los mensajes enviados.
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