Hermes Solano
El Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva República y Costa Rica Justa ya habían recibido el aval del Tribunal Supremo de Elecciones para el financiamiento de la campaña electoral a través de fideicomisos.
A estas agrupaciones se unió el Frente Amplio, que recibió el aval por ¢500 millones, dinero que proviene de un crédito del Banco BCT, que es la entidad financiera, junto a Promerica, que está prestando el dinero.
“Esta dependencia comunicó al partido Frente Amplio, en oficio n.° DFPP-1150-2021, su aval para la formalización del contrato de fideicomiso que fue remitido a revisión de esta dependencia el pasado 30 de noviembre”, confirmó Rónald Chacón, jefe de Financiamiento de partidos políticos del TSE.
El PLN solicitó ¢2.650 millones, mientras que el PUSC solicitó por un monto de ¢1.050 millones.
Por su parte, Nueva República, partido de Fabricio Alvarado tiene un fideicomiso aprobado por ¢2.077 millones, y Costa Rica Justa por ¢1.000 millones.
A dos meses de las elecciones, estos son los únicos partidos, de los 25 que tienen aspiraciones presidenciales en 2022, que hicieron la solicitud de dinero a entidades financieras para sufragar los gastos de campaña.
“A la fecha, no se ha recibido solicitudes de aval de contratos de fideicomisos por parte de otras agrupaciones políticas participantes este proceso electoral”, señaló Chacón.
Uno que anda en busca de financiamiento es el partido de Gobierno, Acción Ciudadana, al que dos bancos privados se lo negaron y está tramitando con dos cooperativas la posibilidad de tener el dinero.
“Seguimos en proceso de negociación”, respondió la semana anterior Marcia González, jefe de campaña de Welmer Ramos y candidata a diputada por San José.
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TSE (Tomás Gómez/El Observador)
Crédito millonario
En el caso de la agrupación frenteamplista, presupuestaron para la campaña un total de ¢1.000 millones, de los cuáles la mitad sale del crédito con BCT.
Así lo confirmó el jefe de campaña de José María Villalta, el señor Rodolfo Ulloa.
“Básicamente esos recursos se invertirán en organización partidaria, signos externos (banderas y camisetas), producción audiovisual y diseño gráfico, redes sociales, TV y el Día-E”, indicó Ulloa.
Además de la mitad financiada con la banca privada, los otros ¢500 millones se distribuyen de la siguiente manera: ¢300 millones en certificados B para canjear por publicidad en medios.
También hay ¢200 millones por préstamos de contribuciones de personas afiliadas y simpatizantes de la agrupación, así como de actividades que se permitan para recaudar fondos.
(Archivo/ El Observador)
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¿Qué pide el TSE?
Hasta ahora los créditos aprobados por el TSE para los cinco partidos superan los ¢7.000 millones.
Si otros partidos requieren o solicitan financiamiento deben hacer la solicitud de aval al TSE, y deben cumplir varios requisitos para obtenerlo.
El departamento de financiamiento de partidos políticos verifica que:
- El contrato de fideicomiso sea oneroso.
- Que ese contrato no prevea disposiciones que limiten, obstruyan o impidan las labores de fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones.
- El contrato prevea cláusulas suficientes para que el fiduciario efectúe sus tareas con absoluto respeto a los principios de publicidad y transparencia, consagrados en el artículo 96 de la Constitución Política.
- Las cláusulas contractuales no eximan ni diluyan las responsabilidades que legalmente han sido atribuidas a la tesorería y al partido político como un todo, en materia de financiamiento partidario.
- El contrato disponga -de ser el caso- que todo el patrimonio que ingrese al fideicomiso tenga como origen la cuenta bancaria única del partido político para la recepción de contribuciones, donaciones y aportes privados.
