Tomás Gómez
¿Tiene Costa Rica algo en común con Suiza, Portugal, Corea del Sur, Italia o Japón en materia de corrupción? Lamentablemente sí, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En ente internacional publicó este martes su estudio “Perspectivas de integridad y anticorrupción 2024”. En él destacó como esta serie de países tienen entre sus pendientes clave la regulación la actividad de lobby.
Se trata de las prácticas de cabildeo donde determinados grupos promueven sus estrategias para impactar en la gestión de normativas y políticas públicas.
Si bien se han presentado varios proyectos de ley tendientes a enmendar la práctica, estos siguen sin materializarse, lo que no pasó inadvertido en la auditoría.
“Comparado con los estándares de la OCDE sobre lobby, Costa Rica no cumple con criterios de regulación ni de práctica, en comparación con el promedio de la OCDE de 38% y 35%, respectivamente. Hasta la fecha, las actividades de lobby no están reguladas por ley en Costa Rica”, señalan.
Entre las problemáticas principales agregan que actualmente siguen activas las “puertas giratorias”. La recomendación óptima es que al dejar un cargo público las personas pasen por un “período de enfriamiento” antes de trabajar para otros sectores. Tal postulado no se aplica en Costa Rica.
A ello se suman problemas como no llevar un registro de quienes se dedican al lobby; de manera tal que no se puede dar trazabilidad a sus actividades e inversiones.
Costa Rica entre la teoría y la práctica
Más allá del tema de lobby, la OCDE hizo una lectura general de las estrategias costarricenses, donde la nota salió en dos vías: hay buena regulación, pero los temas de seguimiento y ejecución deben avanzar.
"Comparado con los estándares de la OCDE sobre gestión de riesgos, que incluyen control interno y auditoría interna, Costa Rica cumple con el 84% de los criterios para las regulaciones. Pero sólo el 7% para la práctica, en comparación con el promedio de la OCDE de 67% y 33%, respectivamente", apunta la publicación.
Ahí destaca la lectura internacional a la Ley General de Control Interno del país (8292). Esta define reglas y códigos para cargos que van de ministros a diputados, pasando por mandos medios.
"Su implementación no está armonizada, sin una función central que desarrolle sistemas de control interno y sin revisiones de los sistemas existentes. Además, no existen informes completos sobre control interno y auditoría interna. Y en la práctica hay un bajo uso de herramientas de gestión de riesgos en las organizaciones presupuestarias", sigue el informe.
"Las unidades de auditoría interna cuentan con personal de acuerdo con los requisitos legales en Costa Rica, pero no presentan informes anuales de actividad ni realizan controles externos de calidad de la función de auditoría interna. Si bien todas las organizaciones públicas de Costa Rica están bajo el ámbito de la auditoría interna; no hay datos disponibles sobre el número de organizaciones que han sido auditadas en los últimos cinco años. Además, Costa Rica no realiza un seguimiento de la adopción o implementación de las recomendaciones de auditoría interna", agregan.
Temas electorales
Un apartado analizado por la OCDE en su evaluación global fue lo relativo al financiamiento a los políticos. Ahí, la calificación se ubicó dentro de los parámetros más habituales.
"Comparado con los estándares de la OCDE sobre financiamiento político, Costa Rica cumple con el 70% de los criterios para las regulaciones y el 57% para la práctica; en comparación con el promedio de la OCDE de 73% y 58%, respectivamente", sostuvieron.
Se puntualizó las reglas que tiene el Código Electoral para impedir donaciones anónimas, de extranjeros y de gobiernos foráneos. A ello se sumó el hecho de que los informes sean publicados vía web.
