Josué Alvarado
Un grupo de técnicos del Departamento de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección de Aviación Civil hizo públicas las presiones que en apariencia habrían recibido por parte del exjefe, Fernando Naranjo y el exministro de Obras Públicas, Luis Amador.
Dichas presiones eran para que el grupo certificara -aunque iba en contra de las pruebas- que la tormenta Bonnie (del 2022) había provocado daños en la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, y así justificar la inversión de emergencia por $40 millones en la pista.
La noche de este lunes 8 de abril señalaron que ambos jerarcas presionaron de distintas formas: los hicieron a un lado en la discusión, les pedían informes en tiempos récord y en una ocasión Naranjo llevó a los funcionarios frente a Amador como una forma de exponerlos ante la autoridad.
El grupo de técnicos comentó que se usaron fotografías y datos de otros eventos climáticos para justificar los supuestos daños que habría provocado Bonnie en la pista del Oduber Quirós por lo que se opusieron a ser parte de este criterio. Así consta en un oficio que presentaron en la Asamblea Legislativa.
“Ningún funcionario iba a asumir dicha responsabilidad”
Uno de los empleados de dicha unidad, Alexander Sánchez, narró que en julio del 2023 el funcionario del Ministerio de Obras Públicas (MOPT) Charbell Zecca llamó a la unidad y pidió que certificaran mediante una declaración jurada el nexo que había entre la tormenta y el estado de la pista.
“Se le indica que ningún profesional de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica iba a asumir dicha responsabilidad en vista que lo que establecía el plan no concuerda con los datos con los que cuenta el Departamento de Aeropuertos sobre el impacto de la tormenta Bonnie en el aeropuerto”, comentó Sánchez.
Fue el 11 de julio cuando Fernando Naranjo llevó a los funcionarios de este departamento al despacho de Luis Amador, lo que ellos describieron como un acto de presión para que acataran la orden de la certificación.
Según narró Sánchez el ministro Amador dijo que pese al criterio de ellos asumiría la responsabilidad de firmar el plan de inversión de emergencia que posteriormente desarrollaría la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y en el que está incluida la reparación de la pista.
“Nunca hemos visto que un director o un ministro participe tan de lleno en este tipo de cosas. Este es un tema técnico de la unidad de ingeniería”, comentó Sánchez.
Otro de los técnicos, Fabian Brenes, señaló que el actual ministro del MOPT, Mauricio Batalla, también participó en reuniones en las que se habló sobre los parámetros de calidad de la pista, el monto de los $40 millones y la solución integral para esa terminal aérea.
Técnicos se apegaron al deber de obediencia
El técnico David Rojas narró que el departamento siempre mantuvo la negativa, incluso frente al exministro Amador.
Sin embargo, les convocaron para diseñar junto con personal de la CNE los criterios técnicos de la licitación a través de la cual se llevaría a cabo la contratación para reparar la pista.
Pese a que nunca emitieron el criterio que la Administración quería, sí participaron en el diseño de la licitación. Dicen que se tuvieron que acoger a su deber de obediencia.
Por eso es que descartan que el proceso de licitación se trate de un “traje hecho a la medida”, como lo denunció el presidente de la República, Rodrigo Chaves, al despedir a su jerarca Luis Amador por dudas sobre este proceso de contratación.
Según indicaron, a pesar de que no estuvieron de acuerdo con la forma en la que se justificó esta inversión, el proceso de selección se apegó a criterios técnicos y legales.
Los diputados que integran la Comisión de Infraestructura investigan el concurso a través del cual se eligió a Meco para el desarrollo de dichas obras, por denuncias que hizo el mismo presidente de la República semanas atrás.
La noche de este lunes se acordó llamar a los funcionarios del Charbell Zecca del MOPT, quien según los técnicos habría pedido certificar los datos falsos sobre la tormenta y la pista. También a Luis Diego Leiva de la CNE, quien fiscalizaba el proceso de compra de “emergencia”.
