Redacción El Observador
Un grupo de técnicos del Departamento de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección de Aviación Civil que compareció en la Asamblea Legislativa rechazó “categóricamente” que los parámetros de contratación del arreglo de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber se hiciera a la medida de la empresa que terminó siendo contratada.
“Dichos términos de referencia son un resultado de un ejercicio técnico en apego a la ciencia, a la técnica y a la lógica, en busca de satisfacer las necesidades de la estructura de pavimento de la pista del aeropuerto para permitir una operación segura y sin restricción.
Asimismo, en los términos se promovió la posibilidad de que diferentes empresas se unieran en consorcio, con el fin de sumar experiencia y nunca se limitó la posibilidad de que participen empresas constructoras extranjeras”, le dijo a los diputados Alexander Sánchez del departamento de infraestructura aeronáutica.
Agregó que la revisión de los términos de referencia se hizo entre esta unidad técnica de Aviación Civil y la Comisión Nacional de Emergencia y que “la metodología de evaluación utilizada no fue objeto de recursos de objeción ni de apelación durante el proceso licitatorio” lo que significa que fue “aprobado de manera tácita por los oferentes”.
El 12 de marzo anterior, cuando el presidente Rodrigo Chaves anunció su decisión de destituir a Luis Amador de su cargo como Ministro de Obras Públicas y Transportes, habló de que la contratación para el arreglo de la pista del Daniel Oduber se hizo como un traje a la medida.
Según dijo, a los términos de referencia de esa contratación se le añadió un porcentaje por experiencia que solo el oferente que ganó cumplía con lo cual, hace parecer que se hizo a “la medida”.
Chaves insistió, en ese momento, que no tenía evidencia de “corrupción” pero que el MOPT otorgó el contrato de los arreglos de la pista a una empresa con costo superior de $2 millones en un contrato de $40 millones.
Presión para incluirlo como emergencia
Lo que si aceptaron los técnicos de Aviación Civil ante los diputados, en su comparecencia la noche de este lunes, fue las presiones que –según dicen– recibieron habrían recibido por parte del exjefe, Fernando Naranjo y el exministro de Obras Públicas, Luis Amador para incluir estas obras en el decreto de emergencia de la Tormenta Bonnie.
Dichas presiones eran para que el grupo certificara -aunque iba en contra de las pruebas- que la tormenta Bonnie (del 2022) había provocado daños en la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, y así justificar la inversión de emergencia por $40 millones en la pista.
Señalaron que ambos jerarcas presionaron de distintas formas: los hicieron a un lado en la discusión, les pedían informes en tiempos récord y en una ocasión Naranjo llevó a los funcionarios frente a Amador como una forma de exponerlos ante la autoridad.
El grupo de técnicos comentó que se usaron fotografías y datos de otros eventos climáticos para justificar los supuestos daños que habría provocado Bonnie en la pista del Oduber Quirós por lo que se opusieron a ser parte de este criterio. Así consta en un oficio que presentaron en la Asamblea Legislativa.
Sánchez, narró que en julio del 2023 el funcionario del Ministerio de Obras Públicas (MOPT) Charbell Zecca llamó a la unidad y pidió que certificaran mediante una declaración jurada el nexo que había entre la tormenta y el estado de la pista.
“Se le indica que ningún profesional de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica iba a asumir dicha responsabilidad en vista que lo que establecía el plan no concuerda con los datos con los que cuenta el Departamento de Aeropuertos sobre el impacto de la tormenta Bonnie en el aeropuerto”, comentó Sánchez.
Fue el 11 de julio cuando Fernando Naranjo llevó a los funcionarios de este departamento al despacho de Luis Amador, lo que ellos describieron como un acto de presión para que acataran la orden de la certificación.
Según narró Sánchez, el ministro Amador dijo que pese al criterio de ellos asumiría la responsabilidad de firmar el plan de inversión de emergencia que posteriormente desarrollaría la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y en el que está incluida la reparación de la pista.
