Josué Alvarado
El Sindicato de Trabajadores del Banco de Costa Rica (Unebanco) se opone al tercer intento de la Administración Chaves Robles por vender la entidad bancaria.
La mañana de este miércoles 24 de abril, la agrupación de trabajadores catalogó de inconstitucional, hermético y perjudicial el nuevo proyecto de ley que presentará el Gobierno con ese fin.
Pero principalmente el sindicato reclama porque se está usando este proyecto como “moneda de cambio” entre las fracciones legislativas para dejarse puestos en el nuevo Directorio legislativo, que se elegirá en la sesión solemne del próximo 1 de mayo.
El secretario general de Unebanco, Jonathan Blanco, señaló que la intención del Gobierno no es solo la de convocar el proyecto de ley a partir del 1 de mayo, cuando inician las sesiones extraordinarias en las que el Ejecutivo escoge los proyectos que se discuten en la Asamblea Legislativa.
“Nos hemos dado cuenta que ese es un tema que ha sido incorporado dentro de los pasillos de la Asamblea Legislativa”, dice.
Pero señala que “lo más preocupantes” es que este “Gobierno tuvo la intencionalidad de reunirse con diferentes representantes de bancadas legislativas para poder utilizar como moneda de cambio el apoyo a esos grupos contra el apoyo a un proyecto de venta del BCR”, dijo ante la consulta de El Observador.
De cara al 1 de mayo, una semana antes de la votación legislativa, el sindicato dice que alzaba la voz para evidenciar esta negociación, que nace de la profunda intención del Gobierno por vender el BCR.
El secretario adjunto de Unebanco, Oscar Rodríguez y el secretario general, Jonathan Blanco (Josué Alvarado | El Observador).
Nuevo texto sería poco viable, asegura sindicato
El secretario adjunto de Unebanco, Oscar Rodríguez, dijo que ya hicieron un análisis profundo del borrador que, posteriormente, el Gobierno presentaría como proyecto de ley.
Considera que contiene vicios de inconstitucionalidad, que genera concentración de poder en la toma de decisiones y, además, omite reglas básicas de la contratación pública costarricense. Por otro lado, el gremio cree que con la redacción actual, el Gobierno pretende imponer una “ley mordaza”, o bien, intentar poca transparencia durante la eventual transacción.
“Vemos un reiterado problema a nivel constitucional porque resulta que lo que el Gobierno está pretendiendo es atentar contra la autonomía de la instituciones públicas”, señaló Rodríguez.
Otro de los cuestionamientos es que todavía en este tercer intento del Gobierno no hay un estudio independiente y fidedigno sobre el verdadero valor del BCR, en caso de venderlo. Además, se cuestiona que el Ejecutivo tampoco propone cómo se llenará el vacío que dejaría la venta en ayudas sociales que se tramitan a través de dicho banco.
“Basta ya de tanto atropello a la institucionalidad de Costa Rica y al Estado Social de Derecho. Los costarricenses hoy por hoy estamos cansados de que se se juegue con la inteligencia ciudadana y que se desmantele el país que queremos”, añadió Jonathan Blanco.
