Paula Ruiz
Un estudio realizado por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) y acogido por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) señala que el ahorro por la implementación del plan de Empleo Público es mucho menor al proyectado.
El análisis indica que el ahorro sería de máximo 0,27% del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra se aleja a la estipulada por el Ministerio de Planificación (Mideplan), que asciende a 0,70% del PIB.
El Conare especificó que los cálculos se hicieron tomando como referencia el salario bruto por ocupación y los trabajadores proyectados, con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2020.
OBSERVE MÁS: Corte insiste en que Ley de Empleo Público “amenaza funcionamiento” del Poder Judicial
Los investigadores Shirley Benavides y José Francisco Pacheco, utilizaron tres componentes de ahorro producto de la posible aplicación de la Ley de Empleo Público. En específico:
- Componente A: sustitución de funcionarios pensionados por trabajadores nuevos que serían pagados bajo esquema de salario global
- Componente B: ahorros por contratación de nuevos funcionarios que ingresan al Gobierno Central bajo la modalidad de salario único
- Componente C: ahorros por congelamiento salarial de funcionarios cuya remuneración actual se ubique por encima del salario global
Como resultado, obtuvieron que si prevalecen las condiciones del 2020 así como el PIB estimado por Banco Central, el ahorro de esos tres componentes sería de ¢51.494 millones durante el primer año.
“Los componentes 1 y 2 aportarían, cada uno, algo cercano al 0,01% del PIB, todo lo cual indica que un 88% del ahorro total contemplado se vincula al congelamiento de salarios que estén por encima del salario global de referencia”, señala el estudio.
Los datos estimados por los investigadores son para el Gobierno Central.
Pilar Garrido, ministra de Planificación, defendió las estimaciones realizadas sobre Empleo Público.
Rehúyen al ordenamiento
La jerarca de Mideplan Pilar Garrido defendió las estimaciones hechas por el ministerio.
Dentro de la defensa está que Mideplan utilizó registros administrativos y no con la Encuesta Nacional de Hogares.
“Si bien el ejercicio de la UNA está fundamentado en datos de una encuesta nacional que está sólidamente construida para sus respectivos propósitos; en el caso de los salarios del sector público, puede presentar algunas diferencias con respecto a los datos administrativos”, resaltó Garrido.
La ministra señaló que, entre esas diferencias están que la Encuesta está diseñada para marcos muestrales de viviendas pero además, una subestimación de los ingresos por parte de los propios entrevistados.
OBSERVE MÁS: Exportadores piden aprobar proyecto de Empleo Público antes que préstamo con FMI
Por otra parte, Garrido lamentó la actitud de las universidades públicas para defender sus salarios.
“Es muy lamentable ver cómo las universidades públicas, que conocen de primera mano la situación macroeconómica y fiscal del país, han buscado diferentes argumentos para rehuir una ley que estandarice y ordene las remuneraciones del sector público, lo cual sería de beneficio para la sostenibilidad de sus propias finanzas y para la calidad de la educación superior”, fustigó.
El plan de Empleo Público será sometido a discusión a partir del próximo lunes con miras a su votación en primer debate.
El Plenario iniciará la discusión el próximo lunes. Foto: Alonso Solano.
