Tomás Gómez
El Comité de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad evaluó la protección que brinda Costa Rica a los Derechos Humanos de esta parte de la población, un examen que terminó con más interrogantes que respuestas, reproches y un embajador en una posición tensa.
La cita tuvo lugar el jueves pasado en la sede de la ONU en Ginebra y los roces comenzaron porque ninguna autoridad viajó de San José a Suiza.
Correspondió entonces al representante costarricense en dicha sede de la Organización, Christian Guillermet, asumir la vocería del país, misión en la que enfrentó algunas dificultades.
Los integrantes del Comité señalaron una serie de cuestionamientos sobre temas que van desde cómo se ejerce el voto hasta si hay abortos forzados.
Mencionaron que las respuestas que indican que existen leyes que prohíben algunas prácticas sin aportar datos sobre lo que realmente ocurre en el país dejan mucho que desear, ya que saben que hay prácticas violatorias que ocurren aunque estén prohibidas por ley.
Citando la falta de información sobre abortos forzados, esterilización forzada en casos de personas con discapacidad, también hablaron de la falta de respuestas a las acciones que se impulsan para que el mecanismo nacional de prevención de la tortura supervise permanentemente los centros psiquiátricos.
Para responder algunas consultas, se conectaron remotamente desde Costa Rica representantes de varias instituciones, mientras que en otras, tanto Guillermet como la embajadora alterna, Shara Duncan, asumieron la responsabilidad de dar explicaciones.
La gestión no dejó satisfechos a los expertos del Comité, quienes criticaron que una cosa es lo que dicen las leyes del país y otra lo que realmente está ocurriendo.
Ante ellos, el diplomático Guillermet terminó reconociendo la incomodidad.
“Es una experiencia -voy a ser totalmente franco y sincero- espero que me llegue la pensión antes de tener que repetirla. Porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y escuchar la molestia por parte de los miembros del comité debido a la falta de respuestas de nuestra parte o a lo que ellos perciben como respuestas insuficientemente claras”, manifestó.
“Estamos decepcionados”
En el Comité de la ONU intervienen varios representantes independientes y varios de ellos fueron particularmente críticos con las respuestas del país.
Se preguntó sobre la educación diferenciada a los niños con discapacidad, el manejo de estudios clínicos y otros abordajes. No obstante, la falta de profundización y datos terminó en la molestia del grupo.
“La verdad es que estoy muy decepcionado en cuanto a la falta de respuestas a las preguntas que les he formulado (…) Yo entiendo los problemas que ha habido en el contexto de este diálogo, sin embargo, yo esperanza un poco más de feedback, de comentarios, respuestas, a las preguntas”, indicó el delegado jamaiquino, Floyd Morris.
Muhannad Salah Al-Azzeh, de Jordania, fue aún más crítico
“Lo que acabamos de oír es más una declaración de intenciones, respuestas muy generales”, condenó.
“Sabemos que según su legislación no hay matrimonios precoces; pero sí que en la realidad hay un pequeño porcentaje de los mismos según fuentes de mucha confianza. La pregunta no es si lo tienen o no en la ley, sabemos que su ley lo prohíbe el matrimonio precoz”, dijo. “No podemos tomar cómo respuesta válida que desconocen ustedes, que no tienen datos, yo creo que tendrían que investigar un poco más ustedes”, adicionó.
Él reprochó que aunque sea en casos esporádicos se podrían presentar algunas faltas a los derechos, escenario que amerita claridad.
“Salvo que se considere esto cómo falta de información o datos por su parte, yo alentaría a la distinguida delegación aquí presente y en Costa Rica a que cuando den respuestas por escrito que se basen en algo concreto. En datos, pruebas. que nosotros podamos utilizar”, prosiguió.
A ellos se sumó la mexicana Amalia Gamio, molesta por la falta de respuesta en temas como la prevención de torturas en centros psiquiátricos; además de la confusión que estaría haciendo la ley entre las figuras de curador y asistente personal.
“Creo que las respuestas fueron lo que dicen las leyes pero sabemos en la práctica son otras situaciones”, cerró.
Embajador sugirió recomendar un ahorro para el viaje
Pasado el tenso intercambio, Morris retomó sus disconformidades, ahora alimentadas por la posición diplomática del país.
“Estamos decepcionados respecto a las respuestas que nos han dado. Y ustedes excelencias han secundado esta decepción”, manifestó.
Fue entonces cuando se pidió más información al Estado por escrito. Según el vocero, solo así se podría tener la información completa para poder dar recomendaciones y tener una postura más justa.
“Estamos dispuestos a hacer recomendaciones pero necesitamos las pruebas empíricas”, recalcó.
En esa línea, Guillermet se mostró molesto por el hecho de que no hubieran llegado más representantes del país. Eso sí, pidió que eso no interfiriera en la calificación.
“Entiendo la molestia de los miembros porque no haya venido nadie de San José. La entiendo y me causa una profunda preocupación; pero espero que también no sea el único indicador para los miembros del compromiso de mi país “, adujo.
Incluso planteó que como parte de las observaciones se debería recomendar la generación de un presupuesto para que representantes del país viajaran a Suiza cuando se vean los informes.
Molestia entre representantes de grupos de discapacidad
El incidente de Costa Rica ante la ONU no pasó desapercibido entre las personas con discapacidad.
La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD) ventiló el caso, acompañado de un comunicado de protesta por lo que calificó como “un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad”.
“Las respuestas de los representantes del Estado en la audiencia fueron evasivas, incorrectas y sin contenido; reflejando la indiferencia con la que el Estado asumió esta participación”, acotaron.
“Denunciamos públicamente la falta de seriedad de las autoridades gubernamentales; y la ausencia de interés del Gobierno de turno por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, al punto de no enviar a este encuentro a ninguna persona técnica, ni a ninguna autoridad”, siguieron.
La Alianza defendió que hubo otros sectores que prepararon un informe sobre la situación real que enfrenta el grupo en todo el país.
“Las mujeres y niñas con discapacidad de Costa Rica enfrentamos una muy difícil situación en nuestras cotidianidades, caracterizadas por una diversidad étnica, geográfica, etaria, cultural, lingüística, y también vivimos con mayor riesgo de violencia y discriminación en razón de factores como la dependencia económica, el nivel educativo y la negación de la capacidad jurídica, entre otros”, finalizaron.
