Tomás Gómez
Para el 2030 se espera que el país ronde los 5,5 millones de habitantes, un 6,7% más de la población actual. Aunque las personas no se distribuyen por parejo en 82 cantones que actualmente están operativos, las capacidades que vayan a tener estos para poder atender a sus vecinos enciende alarmas.
En al menos la mitad de los municipios, se prevén problemas para poder garantizar la sostenibilidad en aspectos como recolección de basura, limpieza de vías y agua potable. Lo mismo ocurre con los servicios de urbanismo y red vial.
Así lo destaca el estudio “Entornos Urbanizados y su relación con la Hacienda Pública”, lanzado este martes por la Contraloría General de la República (CGR).
El texto va más allá y puntualiza que entre los territorios con problemas, la mayoría está en la categoría más grave. En estos grupos están aquellos cantones cuyo aumento poblacional será de entre 6,4% hasta casi 22% y que ya, de todos modos, acarrean dificultades en sus operaciones.
El tema genera preocupaciones por las implicaciones socioeconómicas y hasta ambientales que esto implicaría.
“A medida que aumenta la población de un cantón y se tienen mayores brechas en estos servicios, se incrementa el riesgo de que en el futuro estos servicios no se puedan brindar de modo sostenible, es decir, garantizando su financiamiento futuro para cubrir mayores poblaciones y con el mayor impacto social y el menor impacto ambiental posibles”, apunta el documento.
(Captura de pantalla)
La situación es más grave
Dentro del diagnóstico cantonal, la lupa hace especial énfasis en los territorios fuera del Gran Área Metropolitana.
En estas áreas, los indicadores ya son preocupantes por temas de desarrollo humano y desigualdad. A ello se suman otros desafíos según el lugar, que la Contraloría divide así:
- Zonas con aumento constructivo: Garabito, Carrillo, Puntarenas, San Mateo, Quepos, Esparza, Santa Cruz, Alajuelita, Heredia, Alajuela y Orotina.
- Regiones de atracción de inversiones: Grecia.
- Puntos fronterizos con arribada de migración: Liberia, La Cruz, Los Chiles, Upala, Guatuso, Sarapiquí, Talamanca o algunos de la Zona Sur.
En varias de estas áreas más alejadas del centro del país, hay rezagos por ejemplo en planes reguladores. Otro factor es que algunas de ellas, hasta ahora, no habían entrado a ver su capacidad de desarrollo urbano.
En términos generales, la Contraloría suma que aumente o baje la población, los riesgos se mantienen, muchas veces aparejados con los recursos. En aquellos lugares que llegará más gente será necesario más ingreso para cubrir los servicios y en los que más bien se vaya la población, el impacto se reflejará en una disminución de la recaudación.
(Captura de pantalla)
¿Qué se puede hacer?
La atención del desafío del crecimiento urbano demanda planes que equilibren lo económico, social y ambiental.
Para ello, la Contraloría da también algunas pautas de atención que comienzan por un llamado a la sinergia de las instituciones para abordar los trabajos. Ahí recordó, por ejemplo, la auditoría del 2021 cuando se identificaron seis cantones donde Acueductos y Alcantarillados (AyA) rompió vías locales que ya estaban reparadas.
A ello se suma también una planificación adecuada para atender a los vecinos eficientemente.
"La dispersión de la población y de las edificaciones, conlleva costos adicionales para proporcionar servicios e infraestructura pública, lo cual se traduce en un modelo de ciudad Distante, Dispersa y Desconectada", escribe el informe.
A ello se une el recurrente llamado a revisar el contexto de las áreas fueras del Valle Central y la manera de abordarlas.
"Esto implica una expansión ordenada y sostenible de los cantones con potencial, teniendo en cuenta las limitaciones y desafíos que enfrentan. La implementación de estrategias basadas en sinergia, datos y eficiencia podría contribuir con la mejora en el bienestar de la población y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible", concluye el texto.
