Josué Alvarado
Un proyecto de ley pretende que los deudores con buen expediente crediticio puedan dejar de pagar sus obligaciones financieras de forma temporal mientras superan alguna situación que afecte su economía.
El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos y otros tres compañeros de la misma bancada presentaron este proyecto que se tramita bajo el expediente 23.439.
Se denomina Ley para la dignidad y equidad en el pago de deudas.
“En nuestro país hay muchísimo ciudadanos que han perdido sus bienes porque enfrentaron una enfermedad y se atrasaron unos días o semanas en el pago de sus cuotas.
“No obstante, esas personas sí habían cumplido puntualmente a sus acreedores por años o décadas antes de que un caso fortuito les obligó a recurrir en atrasos”, dice el texto presentado por los liberales.
El proyecto plantea algunas razones de fuerza mayor por las que se podría incurrir en ese atraso de pago: que al deudor no le hayan pagado por el trabajo realizado, una enfermedad, una incapacidad o cualquier otra situación particular excepcional.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y la Cámara de Bancos respondieron a este medio que no conocen el proyecto a detalle, por lo que no se pueden referir.
Sin embargo, en una entrevista con El Observador el abogado especializado en banca y finanzas Mario Gómez dijo que dicho proyecto podría generar efectos perjudiciales.
El abogado y socio de la consultora Consortium Legal Óscar Sandoval considera que este proyecto está viciado en su totalidad y opina que genera riesgo jurídico en el tema de los créditos y la mora.
“Una persona que pasa por una de estas situaciones supracitadas lo que requiere es un tiempo prudencial para recuperarse y lograr retomar en orden y de forma adecuada el pago de sus obligaciones”, señala el texto del expediente 23.439.
Reformas a varios articulados
El diputado justifica su proyecto con un aumento evidente en casos en proceso de cobro judicial por personas que por alguna razón no pueden pagar, que pasaron de 667.887 en el 2018 a 854.083 en el 2021, un aumento justificado también por efectos de la pandemia.
También en la poca capacidad del sistema judicial para atender todos estos casos por año, pues la tasa de resolución es relativamente baja.
Por otro lado, señala que el deudor está en desventaja en Costa Rica y llama al sistema de cobros “devorador”.
Por eso, propone reformas a varios articulados, entre ellos el Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código de Comercio, entre otras.
Abogados cuestionan los criterios técnicos
Según el abogado Mario Gómez, una de las reformas más peligrosas tiene que ver con la reforma al artículo 418 del Código de Comercio.
Actualmente, ese código señala que los efectos de la mora comenzarán de forma inmediata el día señalado en el contrato para su cumplimiento, por voluntad de las partes y por disposición de ley.
Sin embargo, la propuesta de reforma otorga plazos de 180 días, 120 días y 60 días posteriores a la fecha de pago para que algunos deudores cumplan con su obligación, esto según la categoría de clientes a la que pertenezcan.
“Los efectos son perjudiciales y son disposiciones que no se encuentran en ningún otro país y que van en contra de la Constitución Política y cualquier teoría de carácter económico”, señaló Gómez.
Por otro lado, el texto también propone que en caso de declaración de emergencia nacional, como durante la pandemia, los acreedores deberán de adecuar los plazos de oficio.
“La emergencia nacional durante la pandemia fue declarada y eso no puso a todas las posiciones en una misma situación, una empresas que al tenor de lo que ocurrió tuvieron ganancias”, puntualizó Gómez.
Sandoval, por su parte, explicó en una entrevista con este medio que el sistema bancario de Costa Rica ya cuenta con las herramientas para atender dificultades de los deudores para pagar.
Por eso, el socio de Consortium Legal considera que este proyecto abre portillos jurídicos que no se conocen en otras partes del mundo.
Sobre el proyecto de ley Sandoval critica, entre otras cosas, la falta de criterio técnico bancario, la no definición de que sería un evento fortuito y la posibilidad de que este proyecto ponga en peligro el capital de las entidades financieras reguladas.
“Establecer equilibrios en la cancha”
El legislador Campos defiende su proyecto, dice que tiene el objetivo de “establecer equilibrios en la cancha” entre los deudores y acreedores.
El diputado proponente dijo a este medio que el texto todavía no ha sido asignado a una comisión y que, durante el proceso, se solicitará la posición de distintos sectores, como corresponde.
“Este es un proyecto que está diseñado para aliviar la carga a los deudores sin afectar el proceso de colocación de créditos”, comentó.
“Esperaría que tengamos una discusión técnica profunda, desde el punto de vista jurídico y financiero”, añadió.
