Allan Arroyo
El informe Estado de la Nación 2023, publicado el jueves, describe mediante datos el primer año de Rodrigo Chaves como Presidente de Costa Rica.
Uno de los indicadores que se incluye es el uso de los decretos presidenciales. La actual administración es la que menos ha utilizado este recurso desde 1990.
“El Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República y su gabinete desempeñan una función preponderante en los sistemas políticos: la conducción del gobierno y sus instituciones”, dice el documento.
“Para cumplir con esa meta, los decretos ejecutivos constituyen uno de los mecanismos más importantes que posee el Ejecutivo a fin de encauzar su gestión”, amplía.
Desde el 2010, los investigadores notan una baja en el uso de los decretos, con un leve repunte en el gobierno de Carlos Alvarado y una baja abrupta entre 2022 y 2023.
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El informe también reafirma la alta rotación que tuvo el gabinete de Rodrigo Chaves en los primeros 12 meses y que es constante en los siguientes.
La actual administración es la de mayor rotación en 17 años. Se contabilizan cinco salidas de ministros (igual que el gobierno de Luis Guillermo Solís), pero con 10 separaciones o renuncias de viceministros y cinco presidencias ejecutivas.
"Una premisa clave es que la formulación y continuidad de las políticas públicas demanda algún grado razonable de estabilidad en los gabinetes ministeriales", agrega el Estado de la Nación.
Judicialización y roces con la ley
El informe Estado de la Nación también revela un periodo menos productivo en materia legislativa. Las sesiones extraordinarias, cuando el Gobierno de turno maneja la agenda de los diputados, son las segundas menos efectivas desde 1990.
Pese a este panorama y menos decretos promulgados, "se registra una mayor evidencia de problemas de legalidad sobre políticas públicas, la cual se expresa en la cantidad de recursos de amparo que han sido resueltos con condenas en contra de entidades del poder Ejecutivo", dice el documento.
Entre el 2022 y 2023, la cantidad de asuntos declarados con lugar por la Sala Constitucional con una orden concreta contra instituciones del Poder Ejecutivo llegó a 3.261.
El informe también evidencia que más de la mitad de los decretos de alto alcance (52%) y leyes sustantivas promulgadas (53%), en casi dos años de gestión del actual Gobierno y Asamblea Legislativa, fueron revisados por la Sala.
Para los expertos, esto es evidencia de la "una menor capacidad de los actores políticos para gestionar los conflictos".
En administraciones pasadas, el porcentaje de esas consultas rondaba el 40%.
“En democracia, los conflictos son inevitables. Los conflictos no son el problema. El problema es cómo se gestionan los conflictos. En este caso, la judicialización de la política entraba aún más la gestión de los asuntos públicos, pues la Sala tarda, en promedio, 800 días en resolver una acción de inconstitucionalidad”, concluye Ronald Alfaro, investigador en materia política del informe.
Alta popularidad y baja protesta social
El Estado de la Nación también recoge los datos de la alta popularidad del mandatario Chaves en los primeros 12 meses de gestión, siendo la más alta de las últimas décadas. Aunado a esto, concluye que el apoyo es personalista, es decir, en torno a la figura presidencial y no tanto a su Gobierno, equipo y decisiones puntuales.
Otro hallazgo es que la la protesta social, se mantiene baja, inclusive desde los momentos de pandemia.
El informe la define como "las acciones mediante las cuales las personas emplean sus derechos y libertades de manera organizada para obtener objetivos que consideran importantes".
El análisis plantea dos razones principales para ese comportamiento a la baja: "por un lado, los sindicatos del sector público han perdido protagonismo y, por otra parte, los actores empresariales y vecinos, que en períodos anteriores mostraban un mayor activismo colectivo, han reducido su participación de manera significativa, particularmente a partir de 2014".
El Estado de la Nación es una investigación e informe anual que evalúa el desempeño de Costa Rica a nivel social, económico, político y ambiental, con aportes especiales que profundizan en los principales desafíos del país.
Se publica desde 1994 sin relación con el gobierno de turno y forma parte del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
