Allan Arroyo
“La gobernanza democrática de Costa Rica es propensa al entrabamiento de los asuntos públicos debido a la poca cooperación entre los actores políticos del país”.
Esta es una de las conclusiones que incluye el Informe Estado de la Nación 2023, que se publicó este jueves.
El análisis sobre la realidad del país afirma que el sistema político costarricense está diseñado para la cooperación entre los actores y fuerzas políticas. Al no existir ese trabajo conjunto y acuerdos, no se logran satisfacer las demandas y necesidades de los ciudadanos.
“Sin embargo, cuando los actores del sistema político no cooperan entre sí, se anulan entre ellos. Por eso, trabajar juntos para responder a las demandas ciudadanas es fundamental para la gestión de los asuntos públicos”, afirma el investigador Ronald Alfaro Redondo.
El informe enfatiza que “la incapacidad de negociar y cooperar por parte de los actores del sistema político supone un riesgo para la democracia del país”.
Rodrigo Chaves, presidente de la República, presenta en sesión solemne en el plenario legislativo, frente a los diputados, gabinete e invitados especiales, su primer informe anual de labores. En la imagen: Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa. (José Díaz/ Agencia Ojo por Ojo)
Poder Ejecutivo no dominante
Las investigaciones analizan los parámetros con los que se fundó la Segunda República en 1949. Se destaca la necesidad de un sistema de cooperación entre los diferentes actores, sin un Poder Ejecutivo dominante.
El sistema nacional “establece protecciones para evitar que alguno de ellos (los poderes del Estado) modifique unilateralmente las normas democráticas básicas o aproveche vacíos legales, ambigüedades o interpretaciones selectivas de las leyes para lograr sus objetivos”, resalta el informe.
“Es decir, ninguno de los actores políticos tiene facultades para imponerse al otro, ni otorgarse a sí mismo competencias para frenar iniciativas ajenas”, agrega el investigador Alfaro.
“Quien ocupa la presidencia y cargos ministeriales se encuentran sometidos a una red de múltiples controles, esto implica constantes negociaciones y un escrutinio público de cómo y por qué se toman las decisiones sobre los asuntos públicos”, amplía.
Ese balance, recuerda el informe, se obtuvo con la decisión de abolir el ejército en 1949 y dejar las elecciones presidenciales fuera del control político.
“De las 40 elecciones presidenciales celebradas entre 1824 y 1949 a cargo del Ejecutivo, solo ocho se consideran justas y legítimas bajo los estándares de transparencia y competitividad”, amplía.
“Y, respecto a la abolición de las Fuerzas Armadas, el Informe documenta que era un recurso empleado con frecuencia por el Ejecutivo para subordinar otros poderes del Estado”, finaliza.
Costa Rica también dejó por fuera la posibilidad de cambiar las fuerzas políticas dentro de un mandato, como sí lo tienen otros países con votaciones legislativas a medio periodo presidencial o con revocatorias de mandato.
Baja efectividad
"Costa Rica enfrenta nuevamente las tendencias de baja efectividad y productividad legislativa en el Gobierno de la República y el Congreso, tras abandonar la dinámica de “coaliciones políticas ganadoras” vista durante el periodo 2018-2022", concluye el Estado de la Nación sobre la coyuntura actual.
El informe puntualiza en la ausencia de proyectos convocados por el Ejecutivo a las sesiones legislativas y que sean autoría de las demás fracciones. En este punto, se comparan los resultados con el gobierno anterior.
“Durante el primer año de la administración Alvarado Quesada, el 39% de las iniciativas de ley convocadas por el Gobierno en las sesiones extraordinarias, eran proyectos de una alianza opositora y el 28% fueron iniciativas del Ejecutivo.
"Durante el mismo periodo de la administración Chaves Robles, estos porcentajes fueron del 15% y 39%, respectivamente”, especifica el investigador Ronald Alfaro.
El análisis advierte de una relación fragmentada entre actos políticos y entidades estatales, en la que la confrontación reduce la posibilidad de cooperación entre las fuerzas.
"Mientras que en el primer año de la administración anterior el 33% de las leyes aprobadas correspondieron a proyectos propuestos por una alianza opositora y el 31% fueron iniciativas del Ejecutivo, durante el primer año del gobierno actual, estos porcentajes fueron del 21% y 11%, respectivamente”, agrega el investigador.
Otro elemento que cita el informe es la cantidad de vetos del Gobierno a leyes aprobadas y los respectivos resellos para revertir la decisión del Ejecutivo y dejar en firme la voluntad legislativa.
"La administración Chaves Robles sobresale en el periodo 1953-2023 como la de mayor porcentaje de resellos (75%) de leyes vetadas", indica el documento.
Presidente Rodrigo Chaves ha sido crítico del trabajo de los diputados en varias discusiones, la más reciente sobre los proyectos de Seguridad (Archivo / Presidencia)
El Estado de la Nación es una investigación e informe anual que evalúa el desempeño de Costa Rica a nivel social, económico, político y ambiental, con aportes especiales que profundizan en los principales desafíos del país.
Se publica desde 1994 sin relación con el gobierno de turno y forma parte del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
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