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Aduanas detecta irregularidades en ‘outlets’ de Costa Rica; algunos podrían estar relacionados con el crimen organizado

Ministerios de Hacienda, Economía y Salud recibieron denuncia en el 2022

Por Josué Alvarado

Tiempo de Lectura: 5 minutos
Aduanas detecta irregularidades en ‘outlets’ de Costa Rica; algunos podrían estar relacionados con el crimen organizado
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Una denuncia interpuesta ante tres ministerios desde el 2022 y una ampliación de pesquisas que hizo la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda permitieron detectar irregularidades en la operación de algunas de las tiendas conocidas como outlets, que atraen a cientos de consumidores de Costa Rica.

“El gran atractivo son los precios relativamente bajos versus otras tiendas que pueden importar productos similares. Esto nos lleva a nosotros a un esfuerzo de generar una duda razonable”, dijo el director general de Aduanas, Wagner Quesada en una entrevista con El Observador.

La investigación abierta a lo interno de Hacienda señala que en Costa Rica existen al menos 132 importadores tipo outlet, pero el número real podría ser el doble. De ellos 24 están bajo una fuerte vigilancia y, en otros 10 casos particulares las medidas podrían ser más severas debido a los hallazgos.

Las irregularidades tienen que ver principalmente con una subdeclaración del valor de los productos cuando ingresan a las Aduanas. También hay inconsistencias entre lo que dicen vender y lo que han declarado en los puertos.

La denuncia interpuesta desde el 2022 ante el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Salud también se refiere a problemas de etiquetado, condiciones de compra (garantía y promociones) y la venta de productos que podrían poner en riesgo la salud de la población (humana y animal) a vista y paciencia de las autoridades.

Recientemente, el 10 de agosto del 2023, la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) reiteró la preocupación a Quesada mediante un oficio. La agrupación pidió atender este mercado debido a la afectación que podría estar causando.

Quesada informó que la labor que ya iniciaron al respecto tiene el objetivo de identificar a algunos de los importadores involucrados para posteriormente denunciarlos ante el Ministerio Público.

Electrodomésticos sin garantías son ofrecidos en muchos locales conocidos como outlet. (Alonso Solano/El Observador)

Hasta el cierre de octubre del 2023 ni Hacienda ni el MEIC habían hecho operativos especiales en el sitio, es decir, de forma presencial en los outlets, a pesar de tener conocimientos de estas posibles infracciones a la ley. Voceros de ambas instituciones lo confirmaron a este medio. El Ministerio de Salud no brindó información pese a que se le solicitó.

“Hay suficiente evidencia”

La denuncia ante los ministerios fue interpuesta por un grupo de comerciantes el 3 de agosto del 2022. Y resume los resultados de visitas que se hicieron a 19 de estos outlets, ubicados en distintas partes del país.

“Si los importadores de los productos que se comercializan en esas tiendas pagaran los impuestos de nacionalización de forma correcta, cancelaran los impuestos de renta y de IVA en la forma debida y cumplieran con los gastos asociados al otorgamiento de los permisos sanitarios no podrían ofrecer los productos en los precios que tienen establecidos”, dice el documento del cual este medio tiene copia.

Los denunciantes realizaron visitas a los outlets durante junio y julio del año pasado en tiendas de San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

“Hay suficientes evidencias para afirmar el daño que están generando este tipo de comercios a los consumidores mediante la venta de productos que no cumplen con los requisitos de salubridad y que además se les están violentando sus derechos como consumidores”, señala la denuncia del 2022.

En la mayoría de los casos denunciados se incumple con el etiquetado. (Alonso Solano/El Observador)

Declaran montos son “ridículos”

Este año, el 10 de agosto, Wagner Quesada recibió una denuncia en la que se resume la operación de tres tiendas en particular.

La primera está ubicada en Alajuela. La evidencia recolectada demuestra que se importaron al menos cuatro hornos microondas con un valor que oscila entre $1 y $9,9. Esto hace contraste con el promedio del valor de estos mismos artículos para el mercado formal, que fue de $165.

Una segunda tienda ubicada en Alajuela también registra importación de dos hornos microondas con valor de $1, según una revisión preliminar de las declaraciones hechas en Aduanas.

(Captura de la denuncia presentada en el 2022).

En el tercer caso de una tienda ubicada en Los Lagos de Heredia los valores de importación de las cocinas eléctricas osciló entre $1,68 y $5,04, cuando para en el resto del mercado el promedio es de $273,4.

También se identificó la importación de hornos microondas de diversas marcas con valores que oscilaban entre $0,47 y $9,99.

“Se puede concluir que los valores de importación utilizados durante el despacho aduanero son anormalmente bajos”, señala la denuncia que llegó al escritorio del director de Aduanas en agosto.

Y el jerarca coincide con los datos: “Tenemos la situación de una declaración del valor aduanero muy bajo, con precios que en algunos casos parecieran ser ridículos comparados con otras importaciones”.

Según el director de Aduanas están trabajando con la Dirección General de Tributación para tratar de entender la razón por la que estas tiendas importan un horno, pero no aparece dentro de sus artículos vendidos.

Han detectado otros casos en los que venden electrodomésticos pero no los importaron, lo que quiere decir que se compraron en el mercado interno. De ser así, deberían de tener facturas y esto es parte de lo que Aduanas está tratando de investigar.

La petición del sector comercial formal 

A través de una petitoria, el sector comercial formal le hizo al director de Aduanas siete solicitudes:

  1. Realizar coordinación interinstitucional para el ejercicio de control sobre tiendas tipo outlet
  2. Hacer un mayor control de la mercancía proveniente de Panamá, que en ocasiones viaja desde la Zona Libre de Colón
  3. Aumentar los niveles de riesgo de estas importaciones para que así se efectúen más fiscalizaciones cuando llegan los cargamentos
  4. Realizar operativos con la Policía Fiscal
  5. Denunciar ante el Ministerio Público los posibles delitos aduaneros
  6. Investigar con autoridades y empresas extranjeras para determinar el esquema operativo, valores de venta de mercancía y los posibles vínculos con empresas costarricenses
  7. Revisar la denuncia que ya se habían planteado desde el 2022 (hace más de un año)

(Captura de la denuncia presentada en el 2022).

“Podrían estar vinculados a crimen organizado”

El director de Aduanas explica que la proliferación de outlets responde a una realidad económica social. Ofrecen precios mucho más bajos que tiendas formales, aunque frecuentemente omiten las garantías o irrespetan las reglas relacionadas a promociones y devoluciones.

A pesar de esta preferencia del público, que a veces hace fila para poder entrar y dejarse los mejores productos rebajados, la Dirección General de Aduanas pretende llevar hasta el Ministerio Público los casos que lo ameriten.

Según Wagner Quesada la investigación interna ya les permite saber quién, cuándo, cuánto y a qué valor importó. También tienen mapeado qué, con qué valores y cuántas cantidad se vendieron. Y ya cruzaron la información. Ahora acudirán a los outlets investigados a hacer una labor en sitio para corroborar la información.

“La experiencia nos ha dicho que muchas de las operaciones fraudulentas de contrabando, de defraudación que ocurren a nivel de Aduanas tienen que ver con crimen organizado”, señaló.

“Algunos podrían estar vinculados a crimen organizado”, enfatizó. 

Quesada explicó que en delitos aduaneros el daño provocado por los posibles culpables tiene que ser de $5.000 o más para poder proceder. Él considera que encontrarán casos en los que este monto se superará.

Los operativos que tiene programados Aduanas con otras instituciones llevaría al cierre de algunas de estas tiendas y la posterior interposición de las denuncias judiciales.