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Alejandro Trejos para El Observador
En Latinoamérica, cada vez es más común que existan oleadas o tendencias en materia laboral.
Un país decide regular un tema y luego esa regulación es replicada en otros, convirtiéndose en una especie de estándar regional.
Reformar las reglas procesales; permitir las audiencias o juicios virtuales; prohibir la discriminación, el hostigamiento sexual y el hostigamiento laboral, son algunos ejemplos de este fenómeno.
En el año 2007, Ecuador decidió regular un fenómeno internacional que se denomina outsourcing o tercerización.
Este consiste en que una empresa usuaria contra los servicios de una empresa prestataria para que sean los trabajadores de esta última los que ejecuten y realicen determinadas tareas dentro de la operación de la empresa usuaria. Esto sin que exista un vínculo laboral entre esos trabajadores y la empresa usuaria, formando una especie de relación triangular.
¿Por qué se cuestiona esta figura?
Desde sus orígenes, la figura fue cuestionada, pues la mayoría de los ordenamientos legales presumen una relación laboral entre la persona que presta un servicio y quien contrata y paga por esos servicios.
Esto fue inicialmente afrontado con un contrato adecuado y sugiriendo prácticas seguras, tales como: evitar la subordinación entre la empresa usuaria y los trabajadores de la empresa prestataria, y evitar que estos realicen labores propias del giro de negocio de la empresa usuaria.
Siguiendo esa línea y justificándola en la búsqueda de mejores oportunidades de empleo, disminuir el desempleo y aumentar la cotización a la seguridad social, México, Perú y –recientemente– Colombia se han decantado por regular y restringir el uso de la tercerización.
Estos países han definido las labores nucleares o misionales como aquellas que son propias del giro de negocio de la empresa y que son casualmente las que no podrían tercerizarse.
Todo esto crea procesos de inspección, multas y sanciones para verificar el cumplimiento de esas restricciones. Además se busca evitar que haya trabajadores que realicen el mismo trabajo, pero tengan un salario y beneficios considerablemente distintos, en razón de las posibilidades propias de su empleador.
Lo que no ocurrió
En perspectiva, algunos años después de la implementación de esas medidas en varios de los países mencionados, es interesante observar que el desempleo. Este entendido como “economía informal” no disminuyó.
Todo a pesar de las restricciones mencionadas, ni se generó más empleo, pues se dio una migración de trabajadores de las empresas prestatarias a las usuarias, pero manteniendo estable la cantidad de empleos preexistentes.
Adicionalmente, tampoco aumentó el reporte a la seguridad social. Al ser un tema de política salarial y de beneficios, propio de las empresas, no hay mucha información sobre si las condiciones de empleo mejoraron como resultado de la regulación.
La realidad en Costa Rica
Lo anterior cobra relevancia pues cada vez más en Costa Rica se pueden ver sentencias y criterios de autoridades administrativas, que tienden a aplicar el criterio restrictivo al outsourcing.
Se alegan criterios de necesidad permanente o de responsabilidad solidaria de la empresa usuaria en caso de incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores por parte de la empresa prestataria.
Viendo el resultado obtenido por otros países y considerando el hecho de que se generó una afectación a la actividad económica, pues muchas empresas prestatarias desaparecieron o vieron limitada su operación de forma considerable, cabe preguntarse si Costa Rica debería más bien valorar evitar replicar esas regulaciones.
Son regulaciones que demostraron ser infructuosas en otros países y, más bien, concentrarse en medidas que ataquen el problema de fondo: la informalidad, que se manifiesta en una de las tasas de desempleo más altas de la OCDE.
La respuesta no está en atacar las fuentes de empleo actuales, sino en promover la creación de nuevas fuentes de empleo.
Fuentes que aumenten la competitividad del país, generen una mayor atracción de inversión extranjera y mejoren el financiamiento para empresas locales y emprendimientos, principalmente en zonas fuera del Gran Área Metropolitana, donde esa carencia de empleo se manifiesta de forma más evidente.
Lo anterior se llama aprender de las experiencias ajenas para enfocarnos en el problema, en vez de hacerlo más grande.
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