Los representantes de las cámaras autobuseras coinciden en que es innecesaria una ley para la implementación del pago electrónico pues daría al traste con los esfuerzos que se han hecho hasta el momento para hacerlo una realidad.
Para esto se cuenta con un grupo técnico, integrado por el Banco Central, gobierno y empresas que analiza el tema.
La Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), junto con sus afiliados autobuseros de Heredia y Limón y Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus), externaron su oposición al Proyecto de Ley N° 21674.
Silvia Bolaños, directora ejecutiva de Canatrans señaló que se trabaja en el proyecto del Sistema de Pago Electrónico en el Transporte Público, construido por rectores, reguladores y operadores en el marco del convenio interinstitucional firmado en el 2018.
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“Consideramos oportuno que al momento de analizar el Proyecto de Ley se tome en cuenta este trabajo en conjunto que hemos venido realizando todas las partes, que con madurez y aprendizaje permitió poner de acuerdo a toda la industria del transporte público en un tema tan trascendental para nuestro país”, afirmó Bolaños.
Reglas claras
Apuntó que el plan de pago electrónico tiene reglas de juego debidamente consignadas en el reglamento del sistema nacional de pagos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
“Puntualmente en el ‘Libro XV del Sistema Nacional del Pago Electrónico en el Transporte Público (SINPE-TP)’, el cual forma parte del marco regulatorio que se viene construyendo en el país por más de dos décadas y que en otros productos ha permitido el desarrollo y operación del Sinpe”, reafirmó Bolaños.
Las cámaras empresariales del sector también objetan los transitorios que trae el Proyecto de Ley. Los cuestionamientos son en lo referente a los plazos para desarrollar el reglamento y la debida implementación el sistema del cobro electrónico.
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Al respecto, Bernal Rodríguez, presidente de Canabus señaló que “el proyecto de Ley parece desconocer todas las acciones que ha llevado a cabo la industria del transporte público para que el pago electrónico sea una realidad”.
A esto añadió que “los transitorios ponen plazos muy puntuales, mientras que todo el proceso ha tomado años para que sea un sistema de pago electrónico eficiente y robusto”, reafirmó Rodríguez.
El proyecto fue presentado por el diputado del bloque Nueva República, Jonathan Prendas.
El legislador calificó de negligente al Gobierno por no haber puesto en marcha el pago electrónico.
Cuestionó el hecho de que hace tres años, el Banco Central señaló que el plan se implementaría en el 2019. Pero hasta el momento, no hay una fecha para su entrada en funcionamiento.
“La verdad de todo es que se sigue postergando. El proceso no ha sido trasparente y no hay una fecha final para su implementación.
“Tenemos dos décadas de hablar del tema y el Banco Central definió su estrategia desde el 2018. Aseguraron que en julio entrarían ya en operación y ahora, con una visión electoral lo trasladan para enero o febrero”, recalcó Prendas.
Nuevo llamado a paro
Por otra parte, representantes de autobuseros, junto con taxistas, podrían retomar el llamado a paro este martes. Esto debido a la falta de soluciones concretas a su situación.
En junio anterior, estaba previsto un paro nacional de buses y taxis, ante el impacto generado por la pandemia y las medidas restrictivas aplicadas. Sin embargo, se le dio una pausa debido al llamado del gobierno para negociar.
Al respecto, Roberto Muñoz, uno de los dirigentes del movimiento, aseveró que la aprobación de una política pública en la que se buscaba declarar en emergencia al sector fue descartada.
Indicó que las partes se reunieron por espacio de dos meses y no se logró acuerdo alguno.
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Por ello, representantes de autobuseros y taxistas convocaron a una asamblea en el Edificio Cooperativo, a fin de definir las acciones a seguir.
“Hoy el Gobierno está dando la espalda a uno de los sectores que se ha mantenido firme, brindando un servicio público en beneficio de las personas usuarias”, señaló Karen Rojas, empresaria de Puriscal.
Según Rojas, se trata de personas concesionarias que se encuentran en quiebra, pues no tienen para sufragar los pagos de los bancos, el canon y la cuota de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Peticiones no atendidas
Según los sectores de transporte entre las peticiones expuestas por el sector de transportistas público y que no habrían sido atendidas se encuentran:
- Crear un decreto que dicte una declaratoria de calamidad para el sector
- Aprobar una tarifa de salvamento de un 15% en conjunto con exenciones de impuestos temporales durante la pandemia
- Reglamentar una exoneración de tributos
- Ampliar las prórrogas en los créditos hasta el año 2023 con tasas preferenciales.
- Que el sistema de Banca para el Desarrollo compre los saldos de los concesionarios y permisionarios, con un período de 24 meses de gracia y 15 años para pagar
- Regulación de plataformas tecnológicas
- Incluir con urgencia a los conductores de buses y taxis en el grupo 4 de vacunación
- Autorizar pasajeros de pie como ya fue autorizado en el servicio público de tren
En la cita se expondrán los puntos analizados con las autoridades gubernamentales. Entre ellas están el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo de Transporte Público (CTP) y el viceministro de la Presidencia, entre otras instituciones.
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Se espera la asistencia de alrededor de 100 empresarios de buses y representantes de las organizaciones de taxis.