Tomás Gómez
Fue el 14 de junio, pero del 2021, cuando el país amaneció con decenas de allanamientos, personas detenidas y la tesis de que miles de millones de colones destinado a obras públicas habrían sido mal manejados.
Al caso se le dio el nombre de “Cochinilla” en alusión a una plaga que daña los troncos y las hojas de las matas y pese a la manera en que detonó, dos años después todavía está en “investigación”.
En estos 24 meses empresarios de la construcción recuperaron su libertad, los empleados públicos han lidiado con medidas cautelares y las empresas están a la expectativa; pues por primera vez se usó la ley que permitió el procesamiento judicial de las personas jurídicas.
Según a quien se le pregunte, las cosas van bien, o por el contrario, están empantanadas y con poco margen de mejora.
Fiscalía cree que ya se llegó a un momento clave
Desde la Fiscalía Anticorrupción (FAPTA) defienden que en este tiempo el Caso Cochinilla ha tenido “importantes avances”.
La bitácora de trabajo recuenta labores como:
- Análisis de la información documental, digital, bancaria y financiera derivada de los allanamientos y las órdenes de levantamiento de secreto bancario.
- Recolección de información de las contrataciones administrativas.
- Análisis técnicos a cargo del Lanamme de la UCR.
- Al menos 50 pericias de temas financieros
- Entrevista de testigos.
- Audiencias ante Juzgado Penal y Tribunal Penal de Hacienda.
Dentro de las principales noticias, la Fiscalía resaltó también que este mes se estaría iniciando con la apertura de pruebas electrónicas del Caso Cochinilla.
“Se trata de una extracción digital donde se respalda las computadoras, teléfonos celulares y llaves mayas decomisados en los múltiples allanamientos, pero no se revisa el contenido de los aparatos”, explicaron.
“Ese es un análisis que se realiza posteriormente, por lo cual se trata de un respaldo, sin el cual no es posible realizar ese posterior análisis; necesario para confirmar o descartar la tesis fiscal”, cerraron.
El proceso del Caso Cochinilla se lleva en el II Circuito Judicial, de Goicoechea (Tomás Gómez/El Observador)
Abogados ven otro panorama
Frente al optimismo de la Fiscalía, los abogados vinculados al caso ven más bien “atrasos significativos” y hasta una caída de las hipótesis.
“Tal cómo lo habíamos vaticinado en su momento, el expediente tiene un atraso significativo. Eso demuestra también que el sistema penal nuestro, el proceso penal costarricense no está diseñado para enfrentar procesos multitudinarios.”, indicó Erick Gatgens, uno de los defensores de Mélida Solís.
“El Ministerio Público en un inicio había planteado una hipótesis de que se habían cometido unas grandes defraudaciones, había hecho alarde de contar con prueba suficiente para demostrar defraudaciones millonarias, cuestiones de mala calidad en obras públicas. que finalmente terminó por probarse que no era cierto”, sumó Alonso Salazar, abogado de la empresa Also Frutales.
Ambos representantes coinciden en las complicaciones que ha generado un proceso tan amplio, lo cual repercute también en lo legal.
Salazar reveló que hay más de 100 partes en el proceso y cada una tiene al menos un abogado; tomando en cuenta que se maneja como un solo caso, todos los convocados tienen que coincidir en cada gestión.
“Poner de acuerdo las agendas y los términos de los despachos para celebrar audiencias es una labor titánica que muchas veces se torna imposible”, espetó.
Además, ambos muestran sus reservas respecto al anuncio de la apertura de pruebas. Según cuentan, en otros momentos se ha intentado hacer aperturas parciales, saltándose así el debido proceso.
Una vez que el paso lograra darse, faltarían aún mucho camino por recorrer.
“Esto es el primer paso. Hay que remitirlo a la Sección de Delitos Informáticos y esa gente no da a basto, es una oficinita con poco recurso técnico y humano. Habría que esperar ahí no se si un año o año y medio, no se cuanto, para que empiecen a salir esos informes”, aduce Gatgens.
Salazar, por su lado, pone en la balanza el aporte de dichas pruebas luego de la reconfiguración que se ha dado del caso.
“La importancia que puede tener esa prueba es muy relativa. Las hipótesis ya existe prueba técnica que determina que nada de eso es cierto”, fustigó.
Según él, toda la esa afectación de las posturas iniciales de la Fiscalía aún no ha transcendido.
“Eso no se lo han dicho a la opinión pública”, concluyó.
“Cochinilla” en medio de dudas
El día que estalló el Caso Cochinilla se dieron 57 allanamientos simultáneos. Estos abarcaron Casa Presidencial, instituciones públicas, empresas y casas particulares.
La tesis era que habían supuestas dádivas a empleados públicos para la ejecución de obras públicas. Estas incluían desde comidas en restaurantes hasta salchichón para fiestas.
Inicialmente el OIJ hablaba de irregularidades por ¢78.000 millones pero al avanzar el caso se determinó que tal hipótesis no se sustentaba; sino que en vez de robo se trataría de mala gestión dentro de las instituciones públicas.
Más de 70 personas fueron indagadas en lo que va del proceso.
Además, Cochinilla tuvo un importante sustento en escuchas telefónicas mediante la Ley de Crimen Organizado. No obstante, se mantiene abierto el debate sobre si dicha norma se aplicó irregularmente, lo que hace tambalear gran parte de la base del caso.
La gran cantidad de partes en el expediente ha generado una logística complicada y, de paso, un lento proceso.
Solo la indagatoria de los primeros detenidos tardó casi dos semanas y luego pasaron meses con otros investigados.
De manera paralela se han ido dando las revisiones de medidas cautelares.
La última fue a finales de marzo, cuando se levantó el impedimento de salida del país para los imputados. Entre las restricciones vigentes se mantienen en el contar con domicilio fijo y no acercarse a testigos.
El estallido del Caso Cochinilla estuvo marcado por decenas de allanamientos en entes públicos y privados (El Observador)
