Tomás Gómez
El caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) dio un paso judicial fundamental esta semana con la presentación de una primera acusación contra el Presidente de la República, Carlos Alvarado.
La Fiscalía atribuye a Alvarado y al diputado del PAC, Víctor Morales -que fungía como Ministro de la Presidencia-, tres aparentes delitos.
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Dado que ambos tienen cargos políticos, el primer paso será retirarles la inmunidad para avanzar con los casos.
Según considera la Fiscalía, se dio la firma del decreto que creó la UPAD se basó en información falsa y con contenido ilegal, de lo cual serían conscientes tanto el presidente Alvarado como el exministro Morales.
Esto estaría generado al menos 3 delitos, a saber:
Prevaricato
Se presenta cuando un funcionario dicta resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos. El Código Penal impone penas de 2 a 6 años a los culpables.
Para el caso concreto de la UPAD; la Fiscalía destacó que según el decreto, la creación de la oficina había sido avalada por el Ministerio de Planificación. No obstante, este trámite no se había cumplido y el Mideplan incluso había frenado los planes para crear la DADIA y la UPADIA (antecesoras de la UPAD).
Fraude de ley
Aparece cuando la labor de los entes públicos se hace supuestamente guiada por una ley pero con fines distintos a los que buscaba la norma.
Su pena va de 1 a 5 años de cárcel según la Ley contra la Corrupción
Para el caso de la UPAD, considera la Fiscalía que no se siguió el debido proceso de autorizaciones para la generación del decreto.
A ello se suman diversas observaciones hechas por entes como la Defensoría de los Habitantes sobre los alcances que intentó darse el Gobierno sobre la información de las personas, esto pese las leyes de protección de datos.
Abuso de autoridad
El artículo 338 del Código Penal impone de 3 meses a 2 años de prisión contra los funcionarios públicos que abusen de su cargo para ordenar o cometer actos arbitrarios.
La manera en que se empujó el proyecto de la UPAD cabe dentro de esta figura según la Fiscalía.
Varios expedientes
La investigación principal de la UPAD se maneja bajo el expediente 20-5434-042-PE, donde además de Alvarado y Morales figuran los asesores que manejaron datos: Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Diego Fernández. Asimismo, se investiga a Luis Salazar, abogado que tramitó el decreto y a Felly Salas, exdirectora del despacho presidencial.
De manera subsidiaria se generó la causa 22-0006-033-PE, donde están solo el presidente y el exministro.
En él señala lo referente a la creación de la UPAD más no a su funcionamiento y es del él de donde se deriva la acusación.
Por los mismos hechos se abrió también el expediente 22-0007-033-PE, contra el exviceministro de Planificación, Luis Daniel Soto. Él estuvo a cargo del Mideplan cuando se firmó el decreto.
Víctor Morales no logró sostenerse en el cargo de Ministro tras el escándalo de la UPAD y tuvo que renunciar. Sin embargo, se aferró a su curul como diputado del PAC (Tomás Gómez/El Observador)
Bajo la sombra de la UPAD
El 21 de febrero del 2020 estalló el escándalo por el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que habilitaba al Gobierno a acceder a información confidencial.
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El Gobierno corrió a derogar la norma, pero fueron develándose diversas actuaciones del personal a cargo.
Estas incluían datos hasta de iglesias evangélicas, así como diversos trámites para tener acceso a información delicada ante entes como el TSE y Sugef.
El caso quedó judicializado el 28 de febrero del 2020 con la intervención de la Fiscalía en Casa Presidencial.
El Caso UPAD generó que por primera vez en la historia se allanara la Casa Presidencial. Según Fiscalía, hubo manejo cuestionable de datos desde el inicio del Gobierno en 2018 (Cortesía)
