Tomás Gómez
El presidente Carlos Alvarado y su exministro de la Presidencia Víctor Morales -actual diputado del PAC- tenían suficientes elementos para saber los inconvenientes legales que tendría la Unidad Presidencial de Datos (UPAD) y, aún así, firmaron el decreto.
Así consta en la acusación presentada por la Fiscalía General contra ambos funcionarios y que respalda revelaciones y denuncias hechas por la prensa y diversos actores políticos en los dos años que han pasado desde que estalló el escándalo de la UPAD.
El documento, al cual tuvo acceso El Observador, empieza señalando que desde el inicio del Gobierno se hacía un manejo irregular de datos en la Presidencia. Esto bajo la dirección del propio Alvarado.
El Ministerio Público cuestiona además que dichos asesores, bajo instrucciones de Alvarado y Morales, habrían pedido datos personales, restringidos y sensibles, de los ciudadanos a diversas instituciones.
Varias de estas solicitudes fueron rechazadas dada “la evidente y manifiesta ilegalidad de la petición”.
Creando la UPAD a pesar de todo
Desde su llegada a Zapote, el actual Gobierno habría creado una unidad de facto dedicada al tema de datos. Esta se intentó formalizar en dos ocasiones bajo los nombres de DADIA y UPADIA.
Ambos procesos fracasaron ante lo cual hubo un tercer intento de creación de la unidad, de la que finalmente resultó la UPAD. La fiscalía consideró que este habría pasado por encima de las leyes y el debido proceso, razón por la cual emprendió sus acciones.
La Unidad en cuestión se formalizó mediante el decreto 41.996-MP-MIDEPLAN, firmado por Alvarado y Morales. Dicho decreto aseguraba que el Ministerio de Planificación (Mideplan) había aprobado crear la oficina pero no fue así, según Fiscalía.
Además, se reclama que ambos funcionarios tenían la capacidad de saber que el acto era ilegal tanto por la forma como por los alcances que daba la normativa en cuanto a los datos que accedería.
Este permiso incluso violaría el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de Datos.
“Ante la cantidad de recursos que ostentaban ambos encartados para evitar la emisión del decreto ilegal, continuaron su actuar omiso faltando a los procedimientos establecidos para garantizar la legalidad de los actos”, señaló el Ministerio Público.
En el caso del Alvarado, la Fiscalía recriminó que tiene amplia trayectoria en la función pública. Además, en varias ocasiones ha demostrado saber del manejo de datos.
A Morales se le hace un reproche adicional dado que es abogado.
Los delitos bajo acusación
La investigación principal de la UPAD se maneja bajo el expediente 20-5434-042-PE, donde además de Alvarado y Morales figuran los asesores que manejaron datos: Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Diego Fernández. Asimismo, se investiga a Luis Salazar, abogado que tramitó el decreto y a Felly Salas, exdirectora del despacho presidencial.
De manera subsidiaria se generó la causa 22-0006-033-PE, donde se señala lo referente a la creación de la UPAD más no a su funcionamiento.
Es en ese expediente donde se presentó la acusación contra el presidente y el diputado del PAC por los supuestos delitos de:
- prevaricato
- abuso de autoridad
- fraude de ley
Dado que ambos son funcionarios de elección popular tienen un fuero de protección. Sus casos los ve el Fiscal General y los lleva la Sala III, además que debe quitárseles la inmunidad para poder juzgarlos.
Cuando Alvarado y Morales salgan del cargo en mayo, los casos pasarán a los juzgados convencionales.
Otro de los investigados en el caso UPAD es Daniel Soto, viceministro de Planificación durante la creación de la Unidad. Él aparece en la causa principal y en un expediente adicional de la Fiscalía bajo el número 22-0007-033-PE (Archivo)
Los primeros testigos
Junto a la solicitud de juicio, la Fiscalía presentó también a sus eventuales testigos para el caso UPAD.
En la lista destacan:
- Funcionarios de Mideplan: Luis Román Hernández, Jorge Alberto Ortega
- Empleados legales de Presidencia: Fred Montoya, Marisol Bolaños
- Abogados denunciantes: Gloria Navas, Juan Diego Castro, Yashin Castrillo, Francisco Dall´anesse
- Defensora de los Habitantes: Catalina Crespo
Esta última había liderado una investigación por el caso UPAD y dijo estar a las órdenes de las autoridades para el proceso venidero. Además, denunció la persecución que se le hizo al intervenir en Casa Presidencial.
desmeritar mi trabajo. Creyendo que deslegitimando y desmeritandome a mi: deslegitimarian la denuncia que interpuse por el caso UPAD. Hago votos para que se haga Justicia hasta sus últimas consecuencias y que la lucha en favor de los Derechos Humanos y la Democracia nos… 7/8
— Catalina Crespo Sancho (@CatalinaCRE) February 3, 2022
El miércoles por la noche cuando trascendió la acusación, el Gobierno omitió dar declaraciones; dejando todo en manos de los abogados de Alvarado.
Al respecto, los defensores Roger Guevara y Rodolfo Brenes, publicaron un comunicado en el que critican el actuar de la Fiscalía.
Según dijeron, se enteraron por la prensa y “no conocen la existencia del expediente en el que supuestamente se emitió la acusación”. Aunque insisten en que no conocen el documento concluyeron que “entonces no era necesario allanar”.
Agregaron que, a su criterio, no hubo delito y que se trata de una acusación precipitada.
“Los procesos penales son cosa muy seria, y deben tener única y exclusivamente como objetivo investigar hechos y determinar si se cometió o no un delito. La utilización del proceso penal con otros fines no es propia de un Estado democrático de derecho”, agregaron.
Lo que hizo la UPAD
El 21 de febrero del 2020 estalló el escándalo por el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que habilitaba al Gobierno a acceder a información confidencial.
OBSERVE MÁS: A un año de histórico allanamiento: 10 momentos clave del caso UPAD
El Gobierno corrió a derogar la norma, pero fueron develándose diversas actuaciones del personal a cargo.
Estas incluían datos hasta de iglesias evangélicas, así como diversos trámites para tener acceso a información delicada ante entes como el TSE y Sugef.
El caso quedó judicializado el 28 de febrero del 2020 con la intervención de la Fiscalía en Casa Presidencial.
El Caso UPAD generó que por primera vez en la historia se allanara la Casa Presidencial (Cortesía)
