Paula Ruiz
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dejaría de percibir ¢6.870 millones por año con el proyecto de ley que busca reducir de 10 años a 4 años la prescripción de deudas.
De acuerdo con Gustavo Picado, Gerente Financiero de la Caja ese impacto financiero se calculó al tomar planillas del 2020-2021 y realizar el análisis de condonación a cuatro años.
Picado detalló que el dato correspondería a facturación tanto por patronos como para trabajadores independientes.
Asimismo, destacó que es un “porcentaje bajo comparado con ingresos por contribuciones que superan los ¢3 billones anuales de quienes pagan oportunamente”.
La exposición se realizó en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso donde se analiza el expediente 23.107 “Ley para la Prescripción de Deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social” liderado por el diputado liberal Jorge Dengo.
La iniciativa tiene el mismo espíritu que el del exdiputado socialcristiano Pedro Muñoz que busca esa misma reducción en la prescripción de deudas, cuyo plan todavía no se ha concretado.
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La diferencia radica en que el plan de Dengo busca incluir a patronos y trabajadores independientes, mientras que el de Muñoz solo a este último grupo.
Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS informó que la junta directiva todavía no ha analizado este proyecto de ley y por tanto no hay una posición oficial de la institución.
Aseguró que eso podría concretarse esta semana o a más tardar el lunes con tal de remitir la información al foro legislativo.
A título personal, consideró que “es más difícil cobrar una deuda después de 4 años”.
Insuficiente
De igual forma, Esquivel apuntó a que en tema específico de trabajador independiente, la Caja tiene una gran deuda con este grupo.
“Este tipo de cambio no necesariamente son negativos a la hora de generar cobro y lo que obliga es a hacer más eficiente el cobro”, dijo.
Datos suministrados por Picado, señalan que el 96% de los trabajadores independientes están reportados con dos salarios mínimos o menos ¢630.000 o menos.
Mientras, un 70% no alcanzó la base mínima contributiva durante pandemia. En contraposición están los profesionales liberales que llegan a ser como máximo el 3% de esta población.
“Para el trabajador de bajos ingresos lo que ha sucedido es que ocupa servicios de salud, (por ejemplo) en enero de 2015 se registra, pero en febrero de 2015 no paga y acumula”, explicó el gerente financiero.
A ese acumulado se suma que utilizaron los servicios de salud y estos deben ser cobrados por aparte ante la ausencia de pago.
“El no estar al día con la Caja los expone en facturación con servicios médicos, vemos a alguien que nos debe ¢500.000 de cuotas, pero luego aparece con facturas de ¢40 millones, ¢10 millones, ¢50 millones (porque utilizaron servicios médicos)”, explicó Picado.
En esta condición hay 126.000 trabajadores independientes quienes salen reportados en esta categoría, pero no realizan el pago correspondiente.
Así las cosas, la presidenta ejecutiva de la Caja recordó que hay casos de mujeres con cáncer o personas que tuvieron covid-19 y requirieron hospitalización, cuyas deudas son “impagables”.
Esquivel dirigió su discurso ante los diputados que pese a la condonación planeada, hay personas que tan siquiera con esta opción podrán realizar los pagos.
“Con este proceso de condonación, tenemos que resolver algo con la prestación de servicios de salud para este grupo que no logre ni siquiera con la condonación, tener una resolución a su problema de salud y pensión, posteriormente”, puntualizó.
Según la CCSS, el 52% de las deudas son de menos de ¢1.000.000.
Diputados de varias fracciones escucharon a autoridades de la CCSS y realizaron preguntas sobre cobros retroactivos. Cortesía Asamblea Legislativa.
