Paula Ruiz
El pasado miércoles 14 de junio, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, afirmó que ese día la Junta Directiva aplicó la sanción máxima contra varios funcionarios por irregularidades en la compra de mascarillas.
“Son muchos procedimientos, pero este es uno de ellos y yo consultaba que hace cuánto la Junta no despide a nadie y no me pudieron dar el dato, pero creo que son muchos años que a la fecha no se han tomado decisiones fuertes para castigar las irregularidades en todas las instancias, pero las compras son un festín en la Caja Costarricense de Seguro Social”, dijo en ese momento.
Más de una semana después, la institución aún no da el detalle de las personas involucradas ni de las medidas.
El anuncio de Esquivel se hizo durante la misma conferencia de prensa, en Casa Presidencial, en la que anunció supuestas irregularidades a lo interno de la CCSS. También ese día, Esquivel se presentó a la Fiscalía General de la República para presentar denuncias contra los miembros de las juntas directivas desde el 2006 hasta setiembre del 2022.
El Observador le consultó a Esquivel sobre la información prometida, pero indicó que todavía no puede divulgarla. Ni siquiera reveló la cantidad de funcionarios involucrados.
“Apenas yo tenga la posibilidad jurídica de darles la información, se las daré. El problema es que hay que agotar recursos y adicionalmente, a lo interno, hay otros procedimientos. (…) Cuando yo tenga la posibilidad de darles la información créanme que seré la primera en hacérselas llegar”, dijo el miércoles de esta semana.
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Funcionarios médicos se quejaron en 2020 de que les dieron mascarillas que no eran para uso médico. (Tomado de Facebook)
Compra irregular de mascarillas
A raíz de la pandemia provocada por el covid-19 y la orden del Ministerio de Salud para uso de mascarilla, la CCSS se vio en la obligación de comprar cubrebocas en grandes cantidades.
A mediados de agosto de 2020, se revelaron supuestas irregularidades por la compra de mascarillas a proveedores sin experiencia y cuyas especificaciones de calidad no se habrían cumplido.
En aquella fecha se conoció que Miren Martínez, representante de la empresa MR Comunicaciones Políticas, le propuso al gerente de Logística recurrir a supuestos contactos suyos en China para valorar una donación de equipo personal antes de adjudicarse la compra de 5 millones de unidades con un valor de $1,9 millones.
Posteriormente, a ella se le adjudicó la compra de 12 millones de mascarillas por $4 millones.
En el caso de Martínez, logró esa adjudicación pese a tener una deuda por morosidad con la Caja. Sobre la entrega del material, Martínez no entregó ninguna de los 5 millones de tapabocas que prometió, al aducir “un bloqueo en España” debido a un decreto de ese país sobrevuelos provenientes de Asia.
En febrero pasado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó allanamientos en las oficinas en el Edificio Océano, en la Gerencia en Centro Corporativo en Dos Bosco, y casas de algunos funcionarios.
Estas diligencias se realizaron por dichas compras realizadas hacía dos años y medio desde los allanamientos.
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