Paula Umaña
El larguísimo proceso, de más de 50 años, para cumplir con la regulación apropiada del aborto impune en el país, se acerca a su conclusión. El Ministerio de Salud anunció que ya tiene listo el documento de la norma técnica que regula el procedimiento médico, legal y avalado por el Código Penal desde 1971.
Hoy la norma será trasladada a consulta a la caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que durante tres días podrá realizar observaciones. El ministro Daniel Salas indicó que una vez que la CCSS emita su criterio sobre la norma, el documento procederá a ser firmado por el presidente Carlos Alvarado.
El jerarca de salud enfatizó en que la regulación del aborto terapéutico no abre portillos para el aborto libre en Costa Rica. “Hay algunos que dicen que esta norma no hace falta porque no hay casos de mujeres que tengan secuelas permanentes, les aseguro que sí hay casos”, dijo Salas.
La responsabilidad de la fiscalización de la aplicación de la norma estará en manos del Ministerio de Salud. Así mismo la entidad presentó la norma oficial.
Alejandra Acuña, viceministra de Salud, explicó que la norma es una guía para el procedimiento que busca salvar la vida de la mujer, y que requiere del consentimiento de la embarazada.
“La norma sí es necesaria, así como en mi caso. Es para salvaguardar la vida de la madre”, dijo Acuña. La funcionaria incluso dijo que ella fue intervenida terapéuticamente, tras experimentar un embarazo molar que ponía en riesgo su salud.
Acuña, quien tenía el deseo de ser madre, corría el riesgo de perder su útero, según relató.
“No estamos haciendo ninguna ley nueva, está hace 50 años”, recordó Salas.
Según Salud, analizarán recursos contra la norma, si eventualmente se presentan. “Apreciaremos las observaciones de la Caja, pero es no vinculante. Ya indiqué, procederemos a firmarla este año”, zanjó el Ministro.
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Medio siglo de rezago
El ministro Daniel Salas reiteró que no se abre ningún portillo para el aborto libre. (Paula Umaña/El Observador)
La regulación del procedimiento llega 50 años después de ser incluido en el artículo 121 del Código Penal, así como tras meses de suspenso desde Casa Presidencial sobre la fecha en la que la norma técnica quedaría en firme.
Según el artículo 121 “no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.
Es decir, establece la posibilidad de interrumpir un embarazo, cuando continuarlo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer.
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Ausencia de regulación
A pesar de que el procedimiento del aborto impune está en la ley costarricense desde 1971, hasta el momento no contaba con una norma que regulara y estandariza el proceso.
Por esto, hasta ahora, la decisión de realizarlo queda a criterio de cada médico y el proceso varía de un centro de salud a otro.
El artículo no define causales por las cuales la mujer pueda acceder a este procedimiento. Además no deja claro la definición de “salud”, por lo que los profesionales en el campo lo interpretan de diversas maneras.
De hecho, Costa Rica fue demandado en el 2013 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negar el aborto terapéutico a Aurora, una joven que fue obliga a continuar con su embarazo, a pesar de que su feto había sido diagnosticado con un síndrome incompatible con la vida.
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Pugna por firma de la norma
En agosto, grupos a favor del aborto se manifestaron en Casa Presidencial para que se firme la norma técnica. (Paula Umaña/El Observador)
La firma de la norma técnica para el aborto terapéutico fue tema de disputa en la pasada campaña electoral.
La Iglesia Católica y varios partidos políticos, como Restauración Nacional, se posicionaron de manera vehemente contra la norma.
Actualmente la fracción legislativa de Restauración Nacional y su bloque disidente Nueva República se han manifestado en contra de la norma. Varios diputados empapelaron sus curules con carteles “a favor de la vida” y exigen al Gobierno que la norma no sea firmada.
Además se han manifestado múltiples veces que el término de salud no debe ser incluido en el artículo 121 del Código Penal.
En setiembre, 20 diputados de diferentes fracciones políticas presentaron un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y el Gobierno, por no dar a conocer públicamente los elementos que incluiría la norma técnica.
El amparo fue rechazo por la Sala Constitucional hace unas semanas. “El documento solicitado por la parte recurrente es un borrador que no ha nacido a la vida jurídica. De ahí que no constituye información de acceso público y, en consecuencia, no media conculcación alguna al derecho fundamental”, sentenciaron los magistrados en su resolución 2019-023530.
Hoy los diputados conservadores y religiosos volvieron a levantar la voz contra la norma técnica. (Tomás Gómez/El Observador)
Paula Umaña
Un viaje diario entre palabras, versiones, hechos y verdades. Una periodista en constante aprendizaje, con el sueño de ser bióloga marina y sumergirse en las historias más profundas del gigante acuático.
