Paula Ruiz
La Contraloría General de la República (CGR) rechazó el recurso de apelación en subsidio presentado por ministros del Poder Ejecutivo para defender la figura de arrendamiento que se pretende utilizar en el proyecto de Ciudad Gobierno.
Este martes, el ente contralor emitió sus observaciones, particularmente con el procedimiento de contratación que se fundamenta en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP).
La idea del Poder Ejecutivo es alquilar durante 25 años el inmueble al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que después de transcurrido ese periodo, pase a manos del Estado.
Uno de los puntos en cuestión, es que los terrenos que utilizaría la entidad financiera son públicos.
“Y es que, precisamente, el uso de dicho artículo como base para la ejecución del proyecto, es uno de los riesgos que el Órgano Contralor consideró importante advertir, en tanto el objeto contractual que se busca, al incluir el diseño, construcción, mantenimiento y financiamiento de la obra, trasciende la figura de arrendamiento regulada en el artículo 67 de la LGCP”, advirtió la CGR.
Para la Contraloría, la implementación de la obra implicaría la contratación de servicios con terceros que requieren un procedimiento ordinario de contratación, tanto por ordenamiento jurídico como por el uso eficiente de los fondos públicos.
“Además, dado que el proyecto Ciudad Gobierno se desarrollaría en bienes propiedad del Estado, este actuaría tanto como arrendador como arrendatario de dicho bien, lo cual tampoco es jurídicamente viable bajo el supuesto establecido en el artículo 67 de la LGCP”, justificó.
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El valor del dinero
Adicionalmente, la Contraloría señaló que cuando se busca adquirir un bien inmueble a plazos mediante pagos para cubrir el valor del activo, se trata de un arrendamiento financiero y por tanto, deuda pública.
Por lo tanto, se deben de seguir los procedimientos correspondientes y obtener la autorización requerida con base en el ordenamiento jurídico.
El ente contralor expuso que comparte con los recurrentes el principio del valor del dinero en tanto se busca maximizar el resultado posible en términos de eficiencia, precio, calidad y objetivos estratégicos.
“Sin embargo, debe tenerse claro que la aplicación del principio de valor por el dinero, no permite seleccionar contratistas al margen de los respectivos concursos públicos, porque además de ser contrario a la ley y a la Constitución Política, es un hecho que la competencia potencia la maximización del valor de los recursos públicos”, destacó.
La CGR advirtió que en caso de querer utilizar el procedimiento especial habilitado en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, es necesario un estudio que demuestre que la opción seleccionada es la más rentable y viable, además de un avalúo que defina el valor del inmueble o el precio de arrendamiento y otros estudios.
Este recurso lo presentó Laura Fernández, ministra de Planificación y Nogui Acosta, jerarca de Hacienda, luego de una advertencia de la Contraloría al Gobierno.
En esa instancia se dijo que no era posible utilizar la figura de compra y arrendamiento de bienes, prevista en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública para contratar de forma directa el objeto indicado por la administración.
Este medio solicitó una reacción de la ministra Fernández y se está a la espera de respuesta.
