Tomás Gómez
Un grupo de mujeres del Partido Acción Ciudadana (PAC) -ahora desaparecido del Gobierno y el Congreso- se manifestó en contra de la revisión de la norma técnica del aborto anunciada por la administración Chaves Robles.
“Llevar los criterios de la Conferencia Episcopal a una revisión de una norma técnica basada en criterios científicos, en materia de salud, constituye una decisión irresponsable”.
Así señala el documento que suscriben 80 militantes del PAC encabezadas por la exprimera dama, Claudia Dobles.
También lo suscriben políticas que tuvieron diputaciones y otros cargos bajo la bandera rojiamarilla. Entre ellas la expresidenta del Congreso Carolina Hidalgo y las excongresistas Laura Guido, Catalina Montero, Nielsen Pérez y Emilia Molina Cruz.
A la lista se suman la exministra y exprecandidata del PAC, Marcia González, y las exministras Marcela Guerrera (Condición de la Mujer) y Nancy Marín (Comunicación), entre otras.
En el texto, las representantes del PAC indican que es una “decisión totalmente inaceptable de la Administración Chaves Robles, que demuestra que se encuentra atendiendo asuntos de orden médico desde la imposición religiosa y no desde la rigurosidad científica”.
Agrega que “esta actuación irresponsable” pueda conducir al Estado costarricense a “incurrir en responsabilidad internacional ante los órganos del Sistema Interamericano por violaciones a los derechos humanos”.
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Los reclamos del PAC
Entre otros puntos, el comunicado del PAC insiste en que la norma técnica pasó por el proceso de aprobación en la CCSS y el Ministerio de Salud, además de estar enmarcada dentro del Derecho Internacional.
“Esta norma responde a una petición interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por dos mujeres que denunciaron violaciones a los derechos humanos.
“Tales como la vida y la salud tras haber sufrido graves deterioros de la salud mental y física por haber sido obligadas a llevar a término un embarazo de alto riesgo”.
Además dicen que “realizar una revisión de una norma técnica reciente, desarrollada por entes técnicos y aprobada por órganos colegiados institucionales constituye un capricho, basado en el dogma y no en la ciencia”, agregaron.
“Al gobierno actual le demandamos respeto hacia los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes, particularmente de los derechos sexuales y reproductivos.
“Así como que se informe con claridad cuál es el contenido que desea revisar, bajo qué criterios se realizará esta revisión y cuáles son los elementos innovadores que dan pie a esta revisión”, señala el documento.
“Asimismo, aprovechamos para recordarle que todas las autoridades estatales tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos”, puntualiza.
La norma técnica desarrolla un artículo del Código Penal y se tardó desde 1971 en firmarla hasta que se materializó en el diciembre del 2019 durante el segundo Gobierno del PAC (Archivo)
Junio será clave para la norma técnica
El jueves pasado, tras una reunión con los obispos del país, el presidente Rodrigo Chaves retomó su compromiso de campaña de revisar la norma técnica.
Según dijo, hay que analizar que se mantenga su objetivo de proteger la vida de las mujeres embarazadas sin facilitar portillos.
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El proceso será liderado por el Ministerio de Salud. Según comentó la ministra Joselyn Chacón, se conformará una comisión cuyos integrantes y alcance se conocerán más adelante.
Las labores de revisión arrancarían a partir de junio.
La norma técnica fue uno de los temas vistos en la reunión entre el Gobierno y los obispos la semana pasada (Presidencia)
