Voz de América
Este 2 de noviembre empezó el silencio electoral en Nicaragua. Es un periodo en el que ningún partido puede realizar mítines políticos de cara a los comicios municipales, que se realizarán este domingo 6 de noviembre.
En estas elecciones están en juego los cargos de alcaldes, vicealcaldes y concejales en los 153 municipios de Nicaragua.
De acuerdo con el calendario electoral, el período de campaña de los comicios municipales empezó el 12 de octubre y concluyó este 1 de noviembre.
Sin embargo, el observatorio Urnas Abiertas, indicó que diversos partidos informaron que la campaña se redujo a tan solo 13 días, es decir empezó el 20 de octubre.
“Esta campaña electoral inició marcada por la confusión tras los efectos del huracán Julia. Algunos partidos informaron que fueron notificados de que la campaña sería reducida a 13 días, empezando el 20 de octubre.
“Esto debido a las afectaciones del huracán, sin embargo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) nunca informó oficialmente esta disposición”, indicó Urnas Abiertas.
Campaña cuestionada, pero ante todo el CSE
De acuerdo con el organismo, esta reducida campaña en la que participan al menos seis partidos políticos, sirve para justificar un reembolso millonario de más de 450 millones de córdobas (unos $13 millones).
Se trata de dinero que reclamarán los partidos políticos al finalizar su participación en un proceso señalado de no contar “con condiciones ni garantías democráticas”.
Urnas Abiertas explicó que en comparación con las elecciones municipales de 2017, se pudo observar una drástica disminución de la participación política de la ciudadanía en estos comicios.
“Para entonces se realizaron movilizaciones y actos políticos concurridos. Para estas elecciones, en cambio, los partidos colaboracionistas reciben en sus publicaciones de redes sociales comentarios y reacciones sarcásticas y ofensivas”, según el monitoreo realizado por el organismo.
De acuerdo con el CSE señalado de estar controlado por el presidente Ortega, más de 6.000 personas serán electas a cargos públicos en todo el país. Para ello han habilitado más de 3.000 centros de votación.
No obstante el Consejo Supremo Electoral dijo que “reafirmaba su compromiso de continuar fortaleciendo la democracia y estabilidad para garantizar un proceso libre, justo y transparente”.
