Gustavo Martinez
La Comisión de Ciudad Gobierno, del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), encabezada por la ministra Laura Fernández, se reunió la tarde de este jueves con la contralora Marta Acosta a fin de continuar las discusiones de este proyecto país.
Esta cita se concretó, luego de que, el Mideplan solicitara desde el mes de setiembre una audiencia con las autoridades del ente contralor para profundizar sobre los alcances y beneficios de la obra.
A esta reunión también acudieron el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y la diputada y jefa de fracción de Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros.
La reunión transcurrió con los alegatos de las representantes del gobierno, a la escucha de las autoridades de la Contraloría.
El Observador consultó a la ministra de Planificación sus primeras impresiones una vez finalizada la reunión con las autoridades del órgano contralor.
“En la reunión lo que tratamos de ver pues eran la dudas que teníamos desde setiembre sobre algunas advertencias que la Contraloría ha hecho. Estamos muy claros, desde el Gobierno de la República de desarrollar Ciudad Gobierno y por eso es que desde hace meses queríamos aclarar con la Contraloría cuáles son las dudas que ellos tienen”, dijo.
“Nos parece que la Contraloría hace algunas interpretaciones sobre información que aún no estaba concluida, lamentamos que hasta hoy pudiéramos conversar. Creemos que hay que mirar hacia delante, con los dos proyectos en la Asamblea Legislativa”, agregó la ministra.
Acuerdos
“Acordamos que la Contraloría nos va, a solicitud del Mideplan, a precisar un poco los alcances de la advertencia que nos giró. Debido a que nos explicaban que su afán mo es suspender el proyecto, pese que así nos lo pusieron como escrito”, añadió Fernández.
Dentro de otros puntos abordaros dentro de la audiencia, la jerarca alegó que los argumentos de la Contraloría sobre el artículo 67, a su criterio y de su equipo legal, no están dentro de la Ley de Contratación Pública.
“Nos corresponde ser respetuosos de lo que nos diga, sin embargo, no lo compartimos. Por eso es que llevamos los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para que sea ahí donde se culmine este desencuentro”. entizó.
“Como un punto positivo es que nos aclararon el alcance de la advertencia sobre el proyecto, que podíamos seguir estructurando el proyecto, obviamente no ejecutar, no licitar, ni avanzar con las etapas de un ciclo normal de cualquier proyecto”, agregó.
Rechazo
Dicha comisión, en representación del presidente Rodrigo Chaves, insistió en entablar comunicaciones con el órgano contralor, luego que este rechazó, el pasado 5 de octubre, el recurso de revocatoria presentado por el Ejecutivo.
Esta negativa se dio por el modelo de arrendamiento propuesto por el Gobierno, donde se pretende construir en un terreno propiedad del Estado y sin un concurso de licitación abierta, ya que la obra estaría a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El pasado 5 de octubre, el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría resolvió rechazar el recurso de revocatoria, estableciendo una advertencia sobre el modelo de arrendamiento, dejando así el recurso sin lugar con base en una interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.
En la resolución del recurso de apelación, el despacho de la contralora Marta Acosta interpretó lo siguiente:
- Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
- Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
- Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
- Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
Posteriormente, el órgano contralor notificó al Mideplan y al Ministerio de Hacienda la resolución R-DC-00114-2023 del recurso de apelación en subsidio, el pasado 27 de noviembre, ante el oficio de advertencia sobre el tema Ciudad Gobierno.
A la fecha, el proyecto es sujeto de una investigación ante una denuncia que tramita la Contraloría, causa notificada desde el 27 de noviembre a los jerarcas del estado.
El departamento de prensa señaló que la contralora Marta Acosta no brindaría declaraciones, debido a que el proyecto forma parte de una denuncia e investigación judicial.
Ante la denuncia presentada en el órgano contralor, la contralora Marta Acosta no se refirió sobre la audiencia y las valoraciones del proyecto.
“La vía recursiva contra el oficio de advertencia agota la vía administrativa. La denuncia del tema Ciudad Gobierno se encuentra en curso, de modo que estamos imposibilitados para referirnos por el fondo a los recursos resueltos, para no entorpecer ni comprometer temas que se analizan en dicha denuncia. Por esa razón, solo es posible facilitar la resolución sin referirnos más allá de su contenido”, señaló la Contraloría en un comunicado.
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El proyecto
Ciudad Gobierno es un proyecto promovido del Ejecutivo, el cual busca la construcción de un complejo gubernamental que albergaría a más de 35 instituciones públicas y a 10.000 funcionarios en un mismo lugar.
Uno de los principales argumentos del Gobierno es que esta obra tendría un costo de $450 millones y estaría a cargo del BCIE, como parte de un empréstito con el organismo internacional. El país solo pondría el terreno para construir.
El Ejecutivo sostiene que el proyecto permitiría un ahorro al país de unos $17 millones anuales.
Complejo gubernamental se ubicaría en Plaza González Víquez (El Observador).
Actualmente, del presupuesto nacional se asignan $50 millones para el pago de alquileres, mantenimientos y servicios adyacentes de las edificaciones.
De concretarse la construcción, la ministra Fernández, asegura que el país le cancelaría al BCIE un monto inicial de $33 millones, durante 25 años. Además, la jerarca enfatiza en que dicha cantidad iría en disminución cada año.
Vía legislativa
Tras la negativa y las denuncias ante la Contraloría, el Ejecutivo contempló la presentación de un proyecto ante la corriente legislativa en el marco de las sesiones extraordinarias.
Es así, que el pasado 14 de diciembre, el Mideplan convocó ante el Congreso dos proyectos para Ciudad Gobierno: uno sobre una interpretación auténtica del artículo 67 de la Ley de Contratación Pública y el segundo sobre una reforma a dicho artículo.
Ahora, les corresponde a los diputados la decisión final sobre este proyecto impulsado por el Ejecutivo, durante el período de sesiones extraordinarias que finaliza el próximo 31 de enero.
