Hermes Solano
El martes, en la sesión del Plenario que se iban a discutir y aprobar proyectos de seguridad prioritarios para las autoridades, se enviaron varias iniciativas de nuevo a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico porque se presentaron mociones vía artículo 137.
Entre esos proyectos estaba el expediente 23.690 “Ley para la modernización de la intervención de las comunicaciones” y el 23.575 “Ley que sanciona el delito de préstamo de dinero “gota a gota”.
Sin embargo, el órgano legislativo decidió posponer el conocimiento de las mociones, por lo que ambos expedientes seguirán sin poder verse en el Plenario.
Sobre el primer expediente, la moción es de texto sustitutivo y existe un acuerdo de jefes de fracción para que no se viera este jueves a la espera de que el OIJ y la Corte Suprema de Justicia expliquen los cambios que se le quiere hacer.
Respecto al de “gota a gota”, el texto tiene 12 mociones presentadas, se va a pedir una consulta de conexidad al departamento de Servicios Técnicos debido a que una de las enmiendas modifica el proyecto por completo.
Una vez se resuelvan ambas situaciones, la comisión tramitará el conocimiento de las mociones para que avancen las propuestas y vuelvan al Plenario, en busca de su aprobación en primer y segundo debate.
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Diputado Gilberth Jiménez en comisión legislativa de Seguridad. Al lado la presidenta del foro, Gloria Navas. (Asamblea Legislativa)
Aprobado sustitutivo
De los proyectos incluidos en la lista de prioridades que señalaron las autoridades de los tres poderes de la República, para uno sí se aprobó una moción de texto sustitutivo.
Se trata del expediente 23.806 “Ley para fortalecer los Tribunales de Flagrancia para garantizar el enjuiciamiento oportuno de las personas imputadas”, propuesta del PUSC.
Los diputados aprobaron el nuevo texto de manera unánime, por lo que se envió a consulta obligatoria al Poder Judicial.
Esta iniciativa busca cerrar los portillos que permiten que los delincuentes arrestados en el acto pasen a los juzgados ordinarios.
En la actualidad, según la propuesta socialcristiana, cuando un caso en los tribunales de flagrancia implica una investigación de más 15 días, pasa a los juzgados ordinarios, y la sentencia no se da en un corto plazo.
Con las modificaciones realizadas, cuando haya prueba necesaria y pertinente que necesite ser recabada, los casos de flagrancia puedan ampliarse.
Además, esto permitiría que los juzgados ordinarios no estén tan saturados.
