Hermes Solano
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa presentó y aprobó el informe de la investigación realizada luego de las denuncias interpuestas por la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo.
El documento se iba a conocer el martes; sin embargo, la sesión fue cancelada porque el Plenario se extendió hasta las 9 p.m. Este jueves se dieron a conocer y ahora pasa al Plenario.
“Determinar si proceden acusaciones penales por posibles delitos tipificados y sancionados en el ordenamiento jurídico costarricense”, dice el documento.
Se presentaron, además, dos informes más, uno del oficialista Alexander Barrantes y otro de Rosalía Brown, de Nueva República.
Para la mayoría de los legisladores de la comisión, hubo un posible delito de tráfico de influencias, cometido por Gabriel Aguilar, hoy jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves.
Esto porque se constató que sí se dio la llamada de Aguilar a López Fuscaldo para que atendiera el caso de los hijos de Leonel Baruch.
“La intervención de Aguilar Vargas podría configurar un eventual delito de tráfico de influencias en beneficio de una de las partes del proceso, por lo que se recomienda testimoniar piezas ante el Ministerio Público”, es la solicitud de los diputados.
Aunque la exjerarca del PANI indicó que Aguilar le dijo que tratara con cuidado el tema porque era un pedido del jefe (Chaves), el jefe de despacho señaló en su comparecencia que la llamada se dio por iniciativa propia.
“A pesar de que el señor Aguilar Vargas reconoce haber llamado a la señora Gloriana López Fuscaldo, pero se abstiene a declarar sobre el contenido de dicha llamada, se empiezan a dar las primeras alertas sobre un posible tráfico de influencias y favorecimiento personal desde el despacho presidencial”.
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La vicepresidenta Munive
En el informe final de investigación, de más de 100 páginas, los diputados también consideraron que hubo actuaciones irregulares de la vicepresidenta de la República Mary Munive.
La también ministra de Salud visitó en la casa de habitación a López Fuscaldo cuando se dio el allanamiento a un hogar de menores en Coronado, en junio, días antes de la salida de la exjerarca.
También llegó a la oficina el 19 de junio, para solicitarle la renuncia.
“Esta comisión debe señalar que la Vicepresidenta de la República, Mary Munive Angermuller, incurrió en una serie de actuaciones irregulares alrededor de la salida de la señora Gloriana López Fuscaldo como Presidenta Ejecutiva del PANI y Ministra de Niñez y Adolescencia”, señaló el informe de mayoría.
“El exceso de la señora Munive en sus competencias y actuaciones queda aún más claro cuando se observa que el Gobierno de la República faltó a la verdad ante la ciudadanía, el día 19 de junio, cuando anunció la salida de la señora Gloriana López Fuscaldo”, añadió.
Esto porque colocaron que la salida de la mujer fue por razones personales, cuando quedó claro que hubo pedido de renuncia del presidente y hasta amenaza de despido.
“La señora Mary Munive Angermuller, Vicepresidenta de la República, incurrió en una serie de hechos que constituyen extralimitación de funciones y obstrucción del control político de la Asamblea Legislativa”, dice también el documento.
Más recomendaciones
Respecto al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, indicaron que no se recibió ninguna prueba documental que respaldara lo dicho por el jerarca respecto a las visitas de la esposa de Leonel Baruch, Yafit Ohana, a Casa Presidencial.
Esto porque el ministro señaló que nunca se reunió con la mujer, a pesar de que así consta en la bitácora de ingreso, señalando que seguro hubo un error de las personas de seguridad.
“No se logró recabar ninguna prueba documental que respaldara la versión del señor Rodríguez Vives, ni acción administrativa alguna de Casa Presidencial por corregir o atender inconsistencias en los registros de ingresos y salidas de dicha institución”, indicó el documento.
Además de la recomendación al Ministerio Público para investigar los hechos, la Comisión hizo otras recomendaciones:
-A la Procuraduría de la Ética: “Investigar las presuntas acciones irregulares de los funcionarios públicos involucrados, y atribuibles en el presente informe, constituyen faltas a la ética y probidad, así como las posibles sanciones y recomendaciones pertinentes”.
-Al PANI: “Iniciar una investigación a lo interno sobre las posibles responsabilidades administrativas, penales y laborales en las que estarían incurriendo las personas funcionarias encargadas de dar respuesta a las situaciones de violencia en los albergues de personas menores de edad.
-A la Contraloría: “Investigar las contrataciones irregulares entre entidades de derecho público hacia el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), con objetos contractuales que no cumplen con los requisitos para la misma, las posibles transgresiones a la Ley General de Contratación Pública, y si se constituyen en infracciones de personas funcionarias públicas”.
