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Con proyecto de ley buscan censurar etiquetas de alimentos; trámite riñe con acuerdos centroamericanos

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Tiempo de Lectura: 4 minutosEl famoso personaje del tigre que aparece en una marca de cereales y el “lagartito” de una marca de snacks están en riesgo de extinción. Tendrían que abandonar los empaques y etiquetas de sus productos de avanzar el proyecto de ley 22.065.

Esos personajes -y decenas más- no solo desaparecerían del etiquetado, tampoco podrían aparecer en comerciales de televisión o en anuncios publicitarios. Y sus marcas no tendrían permiso para patrocinar eventos deportivos o culturales.

Celebridades, influencers o deportistas no podrán promocionarlos y quedarían prohibidas las ofertas, obsequios, premios o concursos con sus productos.

La iniciativa, liderada por la diputada María José Corrales, busca aplicar una censura al etiquetado de todos los alimentos preenvasados, así como incluir octágonos de color negro con advertencias nutricionales.

Según el texto propuesto, el objetivo es que los consumidores tengan más información sobre los ingredientes y posibles contenidos excesivos de grasas, azúcar o sal. Pero las restricciones y prohibiciones serían disposiciones persuasivas para desincentivar la compra de estos alimentos.

El trámite de dicho proyecto de ley, sin embargo, antagoniza con acuerdos vigentes para toda la región centroamericana desde 1963, los cuales norman y estandarizan el etiquetado para los miembros del Sistema de Integración Centroamericana.

Por tratarse de acuerdos internacionales, las leyes aprobadas a nivel local no pueden contravenirlos.

Personajes infantiles y representaciones de los alimentos quedarían por fuera de las etiquetas y envases. (Archivo/El Observador)

Acuerdos centroamericanos

El proyecto de la diputada Corrales se contrapone con regulaciones técnicas que ya existen en el ordenamiento jurídico, como los reglamentos centroamericanos de “Etiquetado General de los Alimentos Preenvasados” y de “Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados para Consumo Humano para la población a partir de 3 años de edad”.

Así lo advirtió la ministra de Economía, Victoria Hernández, en una carta dirigida a las Comisiones Legislativas desde hace un año, el 6 de agosto de 2021.

Desde aquella fecha recomendó que lo dispuesto en el proyecto 22.065 se sometiera a las disposiciones establecidas a nivel regional, utilizando los mecanismos legales correspondientes en materia de emisión, reformas o derogaciones de Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA) “para que se discuta y valore a nivel de dichas instancias”.

“Es importante tener en cuenta que las leyes nacionales no pueden tergiversar, modificar, ni sustituir las disposiciones de los tratados vigentes, reglamentos y resoluciones adoptadas conforme Derecho por los Órganos Regionales competentes”, indicó la ministra.

Las razones que dio fueron dos:

  1. Las leyes nacionales no pueden de manera unilateral dejar sin efecto disposiciones de los tratados regionales, puesto que los Estados miembros, en el ejercicio de su soberanía ya han decidido ejercerla conjuntamente en propósitos de bien común de una comunidad.
  2. El acto de recepción o incorporación al derecho interno no le da rango mayor a la norma nacional, sino que se trata de normas de derecho comunitario y que su rango es supra-legal.

En Chile los alimentos preenvasados deben llevar estos octágonos negros. (AFP)

Octágonos negros

La diputada Corrales indicó, por medio de su asesor de prensa, que la redacción del proyecto 22.065 ha recibido aportes y modificaciones de varios actores.

Entre ellos citó: el Colegio de Nutricionistas, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, el Centro Interamericano para la Salud Global y la organización Costa Rica Saludable.

El sistema de octágonos negros ya ha sido utilizado en Chile, Ecuador, Perú y México. Y según la exposición de motivos del proyecto, “es recomendado Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.

Advertencias utilizadas en Chile, Ecuador, Perú y México. Es la misma propuesta en el proyecto 22.065.

Consultada sobre la riña de este proyecto con las normas regionales, Corrales admitió que su despacho envió un oficio a la representante para Costa Rica de la OPS desde el pasado 9 de febrero, con la consulta de si es posible para el país legislar en esta materia a pesar de la existencia de Reglamentos Técnicos Centroamericanos.

“Es claro que países como Chile, Argentina y México han logrado legislar sobre esta materia de manera exitosa y nos interesaba saber con certeza cuál fue el proceso que siguieron para llegar a la aprobación de sus respectivas leyes. Lamentablemente a la fecha no hemos tenido respuesta a estas inquietudes”, indicó en la respuesta enviada a El Observador.

Sobre este tema también se había manifestado con oposición la ministra Hernández, de Economía, desde agosto del 2020. Aseguró que como país, Costa Rica más bien ha expresado preocupación por este etiquetado en foros internacionales.

“Es importante manifestar, que en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Costa Rica ha apoyado las preocupaciones comerciales que se han presentado contra Chile, Ecuador y Perú que han adoptado políticas sobre etiquetado de advertencia nutricional, principalmente porque contravienen principios del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, en cuanto a la necesidad de fundamentar los reglamentos técnicos o las políticas en mención en normas internacionales del Codex (Alimentarius)”, dijo en el oficio DM-OF.542-20.

Explicó que esas disposiciones no se basan en las directrices internacionales; además advirtió sobre la falta de consenso y respaldo científico que respalde el uso del etiquetado con las menciones “Exceso de” o “Alto en”.

Otro de los señalamientos es que actualmente la reglamentación centroamericana no obliga a los fabricantes a incluir la declaración de nutrientes en todos los productos, por lo que no se puede adoptar una medida unilateral sobre este tema.

El proyecto de la diputada Corrales recibió un texto sustitutivo esta semana en el que se mantienen las propuestas originales.


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