Hermes Solano
Este lunes a las 10 a.m. se volverán a sentar las autoridades de los tres Poderes de la República en busca de soluciones prontas a la crisis de seguridad y el aumento de la criminalidad que está atravesando Costa Rica.
Las fracciones de la Asamblea Legislativa presentaron cinco proyectos de ley cada una, que sumaron en total 30, con lo que pretenden definir la ruta en materia de legislación para mejorar el trabajo de la policía, tanto administrativa, como judicial.
“Tenemos 30 proyectos que hay que analizar para decidir cuáles son los que se consideran prioritarios. El fiscal general y el presidente de la Corte traerán sus recomendaciones sobre los proyectos que consideran fundamentales”, mencionó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias.
La sesión será en el salón de Exjefes de Estado de la Asamblea, y contará con la presencia de los jefes de fracción, además de los ministros de Seguridad, Mario Zamora y Justicia, Gerald Campos.
Las distintas fracciones debían proponer proyectos que consideran son prioritarios y que se manejaran bajo tres pilares establecidos:
- Lucha contra el dinero del delito y narco
- Normas penales
- Normas procesales penales
Junto a ello, se determinó tener claro el momento de cada una de las iniciativas, en referencia a cómo están en la corriente legislativa sobre:
- Se puede conocer de manera inmediata
- Requiere la presentación de mociones
- Se necesita la elaboración de un texto sustitutivo o dictamen
“Lo que la Asamblea puede hacer es esto, no puede hacer más que esto, que es darles a las autoridades las leyes que ellos necesiten. Lo otro le corresponderá al Gobierno con todo su aparato policial para ejercer el combate contra el narcotráfico”, señaló Arias.
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Las propuestas
¿Cuáles proyectos enviaron las bancadas? La presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, generó el documento con las propuestas que será la base de la reunión.
El PUSC apostó por varios proyectos que están avanzados ya en la corriente y que tienen que ver con la eliminación de beneficios carcelarios.
Se trata de dos iniciativas de la legisladora María Marta Carballo; la primera es una ley para revocar o modificar la libertad condiciones al condenado que sea arrestado disfrutando del beneficio.
La iniciativa requiere mociones para precisar la redacción y evitar vicios de constitucionalidad.
Otra es una reforma al cumplimiento de la pena para obtención del beneficio de libertad condicional, que pretende aumentar a dos tercios de la pena para que el condenado acceda a libertad condicional, cuando esté relacionado a temas de narcotráfico y otros delitos.
También quieren fortalecer el registro judicial para evitar la impunidad, fortalecer los juzgados de flagrancia y una ley para interceptar las comunicaciones en el delito de extorsión.
Gota a gota
Entre los proyectos que presentó Nueva República y Liberación Nacional están uno referente a regularizar y sancionar el delito del préstamo gota a gota.
Se trata del expediente 23.575, propuesto por la diputada Navas y por el también legislador del PLN, Gilberth Jiménez.
Esta iniciativa también la incluyó el Partido Liberal Progresista en su lista de proyectos presentada.
El objetivo de esta reforma es sancionar con pena de prisión la extorsión que se da para cobrar los préstamos llamados gota a gota y que han aumentado en el país.
Desde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalaron que los casos de extorsión aumentaron. Al 31 de julio y se tenían las mismas denuncias que se dieron en todo el 2022.
Rándall Zúñiga, director de la Policía Judicial, indicó que hasta esa fecha se habían recibido 434 casos, un porcentaje del 29%, a diferencia del 11% y el 18% que había en 2020 y 2021.
El PLN, además, pone entre sus prioridades el expediente 23.800, que es una reforma a la Ley 1155, ley de opciones y naturalizaciones, una iniciativa de Danny Vargas y Rodrigo Aras.
La iniciativa busca revocar la nacionalidad costarricense al extranjero naturalizado y condenado por un delito mayor a 4 años.
Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad.
Otras iniciativas
Por su parte, el Frente Amplio y el Liberal Progresista les dieron prioridad a varios proyectos. Por ejemplo, los frenteamplistas incluyeron una reforma a la ley contra la delincuencia organizada, que busca hacer ajustes a la figura de incremento patrimonial sin causa lícita aparente.
También incluyeron el expediente 21.643, que es la creación del Centro de Capacitación exclusivo para el Organismo de Investigación Judicial, que permita una intervención directa de las personas especializadas en las técnicas científicas que desarrolla la policía judicial.
Mientras tanto, el PLP presentó, entre otras, una iniciativa para el enjuiciamiento de las causas declaradas como narcoactividad y sus manifestaciones criminógenas.
“Busca crear un régimen procesal penal especial para juzgar las causas penales de narcotráfico y aquellas que se relacionen a esa actividad criminal”.
Otro de los proyectos es el de fusionar los cuerpos policiales y que varios cuerpos de policía, como la de Fronteras, la Policía de Tránsito y la de Control Fiscal estén bajo el mando del Ministerio de Seguridad.
Por último, la fracción oficialista presentó los cinco proyectos del Poder Ejecutivo que no tienen asidero entre los legisladores.
