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Contralora sobre venta del BCR: “no hay certeza de cual sería el impacto de este proyecto sobre la deuda”

La Contralora General de la República, Marta Acosta, señaló que no existe claridad sobre el impacto que tendría la venta…

Por Paula Ruiz

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Contralora sobre venta del BCR: “no hay certeza de cual sería el impacto de este proyecto sobre la deuda”
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La Contralora General de la República, Marta Acosta, señaló que no existe claridad sobre el impacto que tendría la venta del conglomerado financiero del Banco de Costa Rica (BCR) a la deuda.

Acosta se presentó el miércoles ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos donde se estudia el expediente 23.331 que plantea la venta de esta entidad financiera.

“No hay certeza desde el punto de vista de la Contraloría de cual sería el impacto de este proyecto sobre la deuda, porque no hay información más completa”, advirtió.

Ante la consulta del diputado oficialista Waldo Agüero, la contralora señaló que la gestión de la deuda hay que verla de forma integral, sin embargo, esto no está contenido en la exposición de motivos del proyecto de ley..

La iniciativa presentada por el Gobierno fija un valor inicial a esta entidad bancaria en $1.785 millones. (aproximadamente 1.145 billones de colones)

El Poder Ejecutivo extrajo esta cifra de un cálculo que hizo el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el 2022.

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“Es una estimación realizada con una serie de limitaciones y supuestos fuertes, a partir de información contable obtenida de los estados financieros anuales auditados y consolidados del conglomerado financiero BCR”, señala el proyecto.

Mientras que la deuda de Costa Rica es de alrededor de $42.000 millones.

Acosta destacó que el precio de venta sí puede estimarse con un estudio más complejo donde también se tome en cuenta el costo-beneficio y rentabilidad, según expuso ante las inquietudes de la liberacionista Carolina Delgado.

“El valor del conglomerado corresponde a una estimación preliminar que no constituye un análisis costo beneficio sobre la conveniencia de la propuesta y su rentabilidad social ni un análisis que permita aproximar el precio de venta”, sostuvo antes de la consulta de Delgado.

La semana pasada, Douglas Soto, gerente general del BCR detalló que el valor patrimonial del banco asciende a $1.000 millones.

Adicionalmente, Acosta advirtió que la venta parcial ocasionaría que la contribución al endeudamiento sea lento.

“Estimamos que el tema de la deuda nuestra es tan profundo y estructural que se requieren diversas medidas aparejadas, si el país decide que vende un activo no va a ser suficiente, va a tener que tomar otras medidas de manera que se pueda ir dando sostenibilidad a la deuda y no tenemos en la justificación de motivos información suficiente”, sentenció.

La Comisión de Económicos es la encargada de analizar la venta del BCR. (Cortesía Asamblea Legislativa)

Competencias

Por otra parte, la contralora señaló que se debe valorar si el Consejo de Gobierno es “competente para celebrar los actos administrativos necesarios para facilitar, gestionar, consumar y finiquitar la venta o si algunos de ellos serán propios del Poder Ejecutivo”.

Ante la consulta de la socialcristiana Vanessa Castro sobre si estas potestades otorgadas al Consejo para efectuar la venta implica un exceso de atribuciones, Acosta afirmó que “tenemos la duda, pero no podría calificarlo”.

El texto presentado por el Gobierno establece que el tipo de concurso para la venta será nacional e internacional, tanto mediante subasta con precio de reserva, como mediante oferta única concursada.

También ordena la creación de un Comité de Venta que contará con asesoría técnico-financiera, pero no vinculante. Y será este comité, conformado por ministros y ministras, el que presente las propuestas al Consejo de Gobierno para su votación y veredicto final.

Durante la sesión de este miércoles, los diputados aprobaron llamar en audiencia al expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez y al economista Gerardo Corrales para referirse a este expediente legislativo.

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