Tomás Gómez
Como parte de las investigaciones que realiza la Asamblea Legislativa sobre las contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), la diputada liberacionista Andrea Álvarez pidió el criterio técnico de la Contraloría sobre la naturaleza de los recursos de cooperación no reembolsable del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la respuesta confirmó los criterios anteriores: son fondos públicos.
“Se deriva que los recursos provenientes de cooperación no reembolsable otorgada por un
organismo internacional como el BCIE, ya sean en especie o en efectivo, adquieren la condición
de fondos públicos en el momento en que pasan a ser propiedad del Estado costarricense, esto
es, en el momento en que el Estado los recibe o se apropia de ellos, no mientras permanezcan
en poder del organismo internacional”, indicó el ente contralor mediante el criterio DFOE-FIP-0033, emitido el miércoles.
La diputada agregó que el documento se mandará a la comisión investigadora que la Asamblea Legislativa abrió sobre este caso. A la vez, resaltó que con ello se contradice la interpretación oficialista.
“Este criterio viene a aclarar y dar sustento a los argumentos que hemos sostenido en la comisión y la necesidad de que la ejecución de los mismos se realice de forma transparente para los ciudadanos y no de forma discrecional como se ha pretendido por el Gobierno de la República y han pretendido algunas diputaciones de Gobierno”, acotó.
Tres preguntas para la Contraloría
Las consultas de la diputada Álvarez se dividieron en tres ejes particulares, a los cuales hizo alusión la Contraloría:
¿Los fondos del BCIE, sean en efectivo o especie, tienen que registrarse en el Presupuesto de la República?
Se enfatiza en los controles que debería tenerse para lo referente a los insumos que ingresan en efectivo.
“Debe considerarse la base de registro de los ingresos del Presupuesto de la República, la cual es base de caja o efectivo, según ha sido así declarado en los informes de liquidación del presupuesto que el Ministerio de Hacienda presenta a la Contraloría General de la República (CGR) cada 01 de marzo en acatamiento de disposiciones constitucionales y legales, como parte del proceso de liquidación y dictamen de los presupuestos de la República”, decribe la institución.
¿Los fondos de cooperación no reembolsables del BCIE son fondos públicos?
“De acuerdo con el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República son fondos públicos los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos”, inicia la Contraloría.
A raíz de ello, se les da esa consideración una vez que ingresan al Estado.
“Tendrían ese carácter los recursos financieros que el organismo traslade al país y que ingresen a las arcas del Estado, así como los bienes y/o servicios entregados al país y recibidos a conformidad por parte del Estado, como consecuencia de la ejecución de la cooperación”, insisten.
En esa línea se reomtó una opinión de la Procuraduría emitida desde 2008. En ella se vio el tema del carácter público y se extrapoló que serían públicos los insumos una vez recibidos.
“Las contrataciones realizadas por el BCIE en el marco del Convenio de Cooperación Financiera tienen como objeto dotar al Gobierno de la República de bienes o servicios dentro del marco de un proyecto o programa cuya naturaleza pública no puede ser cuestionada y que debe estar dirigido a la satisfacción de fines públicos. Una vez que estos bienes y servicios son recibidos por el Gobierno, deben ser tenidos para todos los efectos como parte de la Hacienda Pública”, se dijo entonces.
¿Cómo registrar las transacciones oficialmente en los fondos públicos?
“Estos fondos, si bien no son objeto de registro presupuestario conforme a lo expuesto, deben reflejarse en otros informes o estados financieros de la contabilidad patrimonial que, a su vez, forman parte de
la documentación relativa a la liquidación de cada ejercicio económico, que debe presentar el Ministerio de Hacienda en acatamiento a disposiciones constitucionales y legales”, acotaron.
El criterio completo se puede leer a continuación:
Investigación sigue abierta
Desde la segunda administración de Óscar Arias (2006-2010) se ha cuestionado el manejo de los fondos no reembolsables del BCIE.
La actual administración no se fue invicta, en este caso por los recursos que se destinaron a la estrategia de comunicación.
Las diferencias escalaron al grado de tener una comisión investigadora propia en la Asamblea Legislativa. El foro busca aclarar lo sucedido con los contratos otorgados a la agencia de publicidad del Sinart, de nombre RTN, y también la adjudicación de contratos que pudieron tener influencia política.
El órgano fue creado en setiembre anterior. Ha recibido a figuras como la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, el empresario de comunicación Christian Bulgarelli o el asesor presidencial Federico Cruz “Choreco”.
Los hallazgos tenían como plazo de presentación el 24 de noviembre. No obstante, a fines del año anterior la presidenta Vanessa Castro tramitó un pedido de ampliación y con esto el foro legislativo ha extendido su vigencia para continuar con las comparencias y preparar un informe.
