Rodrigo Díaz
La Contraloría General de la República pidió sancionar al alcalde de San José, Johnny Araya, funcionarios y a los miembros del Concejo Municipal de ese cantón, por un millonario pago “sin sustento técnico” a la empresa que gestiona los parquímetros en la capital.
Tanto a Araya como a los representantes ediles se les consideró “responsables adminstrativamente en grado de culpa grave” del pago de ¢253 millones a la española Setex Aparqui.
En el caso de Araya se recomienda una sanción con 30 días de suspensión sin goce de salario. Por su parte, a los miembros del Concejo se pidió imponer 25 días sin derecho a la dieta establecida por la función de sus cargos.
Mientras, en un comunicado de prensa, Araya señala que actuó con apego a la ley para evitar una demanda millonaria contra la municipalidad josefina.
Adicionalmente, señaló que el proceso apenas inicia y que las recomendaciones de sanción pueden apelarse.
Los hechos
La empresa española Setex Aparqui alegó que tuvo un desbalance financiero debido a que las expectativas de uso de los espacios de parqueo estuvo por debajo de las estimaciones, según el cartel de licitación.
El pago sería por la operación de los parqueos de 2014 a 2018.
La denuncia la hicieron el diputado del Frente Amplio, José María Villalta y el regidor Diego Miranda, desde el 2019, según dio a conocer el Semanario Universidad.
De acuerdo con dicha publicación, un estudio de factibilidad que formó parte de la licitación se corrigó a la baja en 2012. Sin embargo, la empresa hizo el reclamo sustentado en una demanda en un rango de 60-70%. Así fue aceptado por la Municipalidad, según el Semanario.
“Es un caso muy grave, un ejemplo claro de mal manejo de los recursos públcos de la Municipalidad de San José. El alcalde presionó al concejo para que aprobaran esta indemnización – entre comillas- a la empresa concesionaria de administrar los parquímetros, pero resulta que no hay un estudio técnico que justifique la indemnización”, manifestó el diputado Villalta.
Según el legislador del Frente Amplio, es un paso en la vía correcta, pero que la suspensión es insuficiente.
“Vamos a exigir a la Contraloría para que se aplique el artículo 210 de la ley general de la Administración Pública, que establece la responsabilidad patrimonial del servidor público que provoque un daño a la adminstración, cuando se de culpa grave, como se da en este caso”, añadió.
Por su parte, el regidor Miranda, de la misma agrupación política, se manifestó en similares términos ante la gravedad de los hechos.
“Lo que procede es que, del mismo artículo que toma la Contraloría, que es el 39 de la Ley de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, se aplique el inciso c) que habla de la pérdida de credenciales”, dijo.
Agregó que, en todo caso, hay otras vías en el Tribunal Supremo de Elecciones y por la vía penal que podrían derivar en otro tipo de responsabilidades, que no sean solo administrativas, añadió.
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Se actuó a derecho
Por su parte, en un comunicado de prensa emitido por la Municipalidad, el alcalde Johnny Araya reiteró que el pago de ¢253 millones de colones se fundamentó no sólo en estudios técnicos, jurídicos y financieros, sino, sobre todo, en la opinión positiva de la Auditoría Municipal.
Según señaló, se evitó una ruptura del contrato que hubiese dado pie a una demanda contra el municipio por miles de millones de colones, “con el consecuente perjuicio para la hacienda pública y los intereses de la ciudadanía capitalina”.
Añadió que al alcalde le resultó paradójica la resolución de la Contraloría, luego de que funcionarios de la Municipalidad se reunieron con esa institución para tener certeza de que se actuaba apegada a “las mejores prácticas de la gestión pública”.
Según Araya, el funcionamiento del sistema de estacionómetros en la capital generó ingresos por más de ¢5.000 millones de colones.
Sobre las sanciones
La recomendación de sanción al alcalde es de 30 días de suspenión sin goce salarial, según establece el artículo el artículo 113 inciso c) de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.
La Contraloría también declaró responsables en grado de culpa grave a los miembros del Concejo Municipal, Jorge Vargas Espinoza, Alberto Leiva Hernández, Isabel Acevedo Acevedo, Luis Murillo Cruz, Wilber Hernández Mora, Fernando Jiménez Debernardi y Flor María Zamora Álvarez, A todos ellos se les recomendó una sanción con 25 días sin goce de dieta.
A los funcionarios Osman Mariano Rodríguez Solís, Edgar Sandoval Montero y Mario Vargas, se les recomienda una sanción con 30 días sin goce salarial. Mientras, a Alexander Cerdas se le pidiieron 25 días de suspensión.
Según la Municipalidad, estas resoluciones no están en firme, por lo que cabe un recurso de revocatoria con apelación, por la vía estrictamente administrativa. Incluso se podría acudir a las instancias judiciales, en un proceso ante los juzgados de lo contencioso administrativo.
Rodrigo Díaz
