Paula Ruiz
Un correo masivo del precandidato Carlos Ricardo Benavides, del PLN, provocó la reacción negativa de personas que externaron su malestar a través de las redes sociales.
La principal queja es que no han autorizado el envío de material de propaganda a sus direcciones de correo electrónico.
Una de las voces que externó su disconformidad fue su compañero en la Asamblea Legislativa, el diputado Enrique Sánchez, del PAC.
El asunto del correo se llamó “Por esto quiero ser su próximo Presidente, conózcame”.
Benavides es uno de los cinco aspirantes del Partido Liberación Nacional para la candidatura presidencial. En una convención abierta, los verdiblancos tomarán la decisión final el próximo 6 de junio.
Esto contenía el correo masivo del precandidato Carlos Ricardo Benavides.
Sin su consentimiento
Enrique Sánchez, aunque si bien, comparte en el Plenario con Benavides, mostró su malestar por lo sucedido.
“Muchas personas recibimos un correo masivo de una precandidatura presidencial, sin ser militantes de ese partido político y por supuesto sin haber dado el consentimiento para usar nuestros datos”, expresó en redes sociales.
El oficialista incluso, afirmó que lo sucedido con el correo masivo, viola la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos, específicamente el derecho de autodeterminación.
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Sánchez aseguró que pedirá a la Agencia de Protección de datos de los Habitantes (Prodhab), la emisión de una comunicación hacia el TSE y partidos políticos sobre los alcaces y limitaciones en el uso de datos personales.
Desde la tarde de este martes, se solicitó una reacción de Benavides sobre las molestias por su estrategia, sin embargo, no hubo respuesta.
Un precedente en 2005
Uno de los antecedentes sobre este tipo de estrategias en campaña política, fue el del expresidente Óscar Arias en 2005.
Él, en ese momento, aspiraba a la presidencia de la República por segunda ocasión y por tanto, recurrió a llamadas telefónicas pregrabadas hacia votantes.
Además, envió cartas a militantes liberacionistas y electores donde mostraba sus propuestas en diversas áreas como la de seguridad.
Según un reporte del diario La Nación del 17 de diciembre de 2005, hubo quejas de usuarios porque debían de pagar ¢23 por marcar hacia el buzón de voz cuando no respondían la llamada.
