Paula Ruiz
Con base en los lineamientos de la Unión Europea, estos cobros deben de realizarse para evitar una “competencia desleal” entre los regímenes tributarios de los países y que existan rentas libres de imposición.
¿Culpa del PAC?
En la exposición de Casa Presidencial detalla que cuando Sergio Alfaro asumió como representante de Costa Rica ante la Unión Europea durante el Gobierno de Carlos Alvarado, se excluyó al Ministerio de Comercio Exterior y al de Relaciones Exteriores de las conversaciones con los miembros del Código de Conducta.
Lo indicado por este ente, fue comunicado por Alfaro a Elian Villegas, exministro de Hacienda, también en la administración de Alvarado.
En abril de 2022, Villegas se comprometió a presentar un proyecto de ley donde se establecía dicho gravamen con tal de que su aprobación estuviese lista a más tardar el 31 de diciembre de 2022.
Sin embargo, el Gobierno de Rodrigo Chaves criticó que la presentación de la iniciativa y el aseguramiento de una fecha para la aprobación de un proyecto de ley “no es competencia del Poder Ejecutivo”.
“Evidentemente, tales plazos no correspondían a la administración pasada y las autoridades de los ministerios atinentes nunca fueron notificadas de estas decisiones”, justificó Casa Presidencial.
Sin embargo, desde el 8 de mayo desde que asumió funciones la actual administración hasta la fecha, no hay una iniciativa en el Congreso en esta línea ya sea liderada por algún diputado oficialista o por el Gobierno.
Incluso, anunciaron que será en marzo próximo cuando presentarán el documento a la corriente legislativa.
Sanciones
La actual administración, defiende que solicitaron la renegociación a partir de 2022 con tal de conversar sobre nuevos plazos y compromisos que pudiera adquirir la administración actual.
Sin embargo, todas las solicitadas fueron rechazadas “al alegar esas autoridades que el Gobierno anterior comprometió al país”.
El compromiso del actual Gobierno es buscar acercamientos con el Código de Conducta para establecer un cronograma que le permita al país salir de esta lista en octubre de 2023.
De esta manera, no se descarta la aplicación de sanciones de forma automática sobre Costa Rica que entre otras cosas, perjudicaría la inversión de capital europeo hecho en el país.
“Aunque no se puede asegurar que se evitarán las sanciones por parte de todos los Estados miembros de la UE, el Gobierno Chaves Robles sí está haciendo las coordinaciones para que el impacto sobre la inversión sea el menor posible”, informó Casa Presidencial.
El jueves anterior, en una reunión entre ministros y diputados, estos últimos fueron informados sobre las decisiones de la Unión Europea.
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