Tomás Gómez
La petición de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) de crear un puente humanitario para atender a ciudadanos de ese país en Costa Rica, fue descartada esta tarde por el Gobierno.
El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano, señaló que ya hay presencia de autoridades para controlar la región, así como un plan sanitario en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que hace inviable la solicitud.
“El Gobierno de Costa Rica lleva adelante dos acciones concretas. La primera es un trabajo coordinado entre distintas instituciones que se mantienen en el terreno desde meses atrás, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otras, que ha dado una respuesta efectiva, y que a la fecha, ha permitido el rechazo de más de 15.500 personas que pretendían ingresar de manera irregular al país”, mencionó.
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El jerarca de Salud, Daniel Salas, insistió en que ya hay una abordaje para la problemática en la Zona Norte. Esta región fronteriza es uno de los puntos más débiles del país.
Como ejemplos, Salas mencionó los operativos de seguridad y las pruebas a los transportistas que ingresaron por Peñas Blancas.
Se intentó conocer la reacción de la Asociación tras el rechazo, pero no hubo respuesta al cierre de esta nota.
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Un plan de gran alcance
La Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos envió la semana anterior una carta al presidente Carlos Alvarado, alertando sobre una eventual oleada de inmigrantes y pidiendo ayuda al respecto.
Según el escrito el régimen de Daniel Ortega impulsaría el movimiento de diversos grupos hacia el país, lo que se agrava en medio del cuestionado manejo que se ha dado a la pandemia.
Ante el escenario, la Anpdh pidió crear un “corredor humanitario” financiado por organismos internacionales para atender a los extranjeros que vayan llegando.
El plan contemplaba la “urgente creación de una zona especial para garantizar la llegada de la población civil nicaragüense víctima de graves violaciones de sus derechos”. En tal zona se brindaría atención médica y otros servicios sociales de protección.
La propuesta cerró manifestando que dicha zona de contención reduciría los impactos de una migración descontrolada para temas de salud, empleo y hasta de imagen internacional.
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