Allan Arroyo
Costa Rica cayó del puesto 58 al 54 en el índice de Transparencia Internacional, publicado este martes, y que evalúa a 180 países en diferentes áreas.
Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de TI clasifica a los países y territorios en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios), usando datos de fuentes como el Banco Mundial o empresas privadas de consultoría.
En el caso de nuestro país, el retroceso es significativo entre el 2022 y 2023, y en general, en la última década.
“Estamos retrocediendo una década, estamos en el mismo punto de partida,” dijo Guillermo Zeledón, director de Costa Rica Integra, que presentó los resultados este martes en un evento en el Colegio de Periodistas.
En el 2013, Costa Rica obtuvo la calificación más baja al promediar 53 puntos y para este 2022 se regresa a niveles similares. El país no logra superar la barrera de 60 puntos, pese al avance que se tuvo entre 2016 y 2017.
Transparencia Internacional toma como referencia cerca de 14 estudios distintos en el mundo para medir elementos como leyes, lucha contra corrupción, competitividad y desafíos ambientales.
En el caso de Costa Rica fueron siete fuentes distintas para evaluar al país en el ultimo año, incluyendo reportes del Banco Mundial y el Foro Económico.
Fuente: Costa RicaIntegra.org
Centroamérica estancada
El continente americano recibe en promedio una nota de 43, en la escala de 0 a 100.
La región es la tercera zona del mundo mejor calificada, sin embargo, países como Venezuela (14), Haití (17), Nicaragua (19) y Honduras (23) ocupan los últimos lugares.
Los países con puntuaciones más bajas registran una alta criminalidad o sufren conflictos sociales y suelen tener estallidos de violencia.
Dejando por fuera los países del Caribe, Costa Rica es el décimo entre los países del continente en ese escalafón, pero en una región donde los avances son pocos y gana el estancamiento y los retrocesos.
Uruguay (74) y Chile (67) son los mejor calificados de la región, seguidos de Costa Rica (54).
El resto de los países de América Latina tiene puntuaciones inferiores a 50, como Cuba (45), Colombia (39), Argentina, Brasil (38), Ecuador, Panamá, Perú (36), El Salvador, República Dominicana (33), Bolivia, México (31) y Paraguay (28).
Guillermo Zeledón, de la organización Costa Rica Integra, afirma que si bien la situación en Ucrania, referencia del informe este año, parece lejana, en Centroamérica se podrían estar gestando otros riesgos significativos.
Los altos niveles de corrupción en América Latina y la ausencia de medidas para combatirla favorecen a las redes criminales y agudizan la violencia en una región con fuertes tasas de homicidio, advirtió Transparencia Internacional (TI) en su informe.
En el caso de Costa Rica, la agencia AFP hace referencia al reporte y cita que "este alcanzó su puntuación más baja por recientes casos de corrupción y denuncias de un supuesto financiamiento ilícito de la campaña electoral del actual presidente Rodrigo Chaves."
En el resto del mundo
Dinamarca (90), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (87) repiten como los menos corruptos del mundo, según este informe; y Somalia (12), Siria (13) y Sudán del Sur (12) registran los índices de percepción de la corrupción más elevados. Hungría (42) es el peor en la Unión Europea.
Los datos globales revelan un estancamiento de la lucha contra la corrupción y ponen de manifiesto la relación que existe entre este flagelo y la violencia. "La corrupción y el conflicto se retroalimentan y amenazan la paz duradera", destaca el informe. El fenómeno es especialmente visible en América Latina.
"Avance del crimen organizado"
La falta de avances en la lucha contra la corrupción "ha derivado en la región en un debilitamiento de las instituciones democráticas y en un aumento de la violencia y un avance del crimen organizado en las instituciones públicas", alertó a AFP Luciana Torchuaro, asesora regional para América Latina de TI.
"Los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar a las redes criminales, el conflicto social y la violencia (...)", señaló en un comunicado Delia Ferreira Rubio, presidenta de la oenegé.
En un análisis, TI cita la inestabilidad que azota Perú, con seis cambios de gobierno en seis años y donde cinco expresidentes están investigados por corrupción, incluido Pedro Castillo. La represión de las manifestaciones desencadenadas por su destitución en diciembre dejaron más de 50 muertos hasta ahora.
En otros países, advierte, los organismos públicos han sido cooptados por "las élites y el crimen organizado" y las autoridades responsables del cumplimiento de la ley hacen caso omiso de actividades ilícitas o atropellos a los derechos humanos a cambio de dinero.
Amenazas al medioambiente
En Venezuela, que tiene la peor nota de Latinoamérica, los grupos delictivos mantienen sus actividades en el sector minero a cambio de pagos irregulares a los militares, denuncia TI. Las actividades económicas ilegales representaron el 21% de su PIB en 2021.
El informe menciona también a Guatemala (24) y Honduras, donde "hay evidencia que sugiere" la influencia del crimen organizado en la política. En Guatemala, esta situación afecta a periodistas, activistas y fiscales, algunos de ellos forzados al exilio.
Para intentar revertir esa tendencia, Honduras, El Salvador e incluso Ecuador declararon estados de excepción, una medida que reduce "la transparencia y la rendición de cuentas", lamentó la oenegé.
En su fotografía de 2022, TI resalta cómo este entramado entre criminalidad e intereses políticos representa un peligro para el medioambiente.
"Las redes criminales favorecen el contrabando de vida silvestre, la tala y quema ilegal de tierras, la extracción ilegal de oro y la deforestación", denuncia.
Los homicidios de defensores medioambientales quedan además impunes debido a la infiltración de esas redes en los sistemas de justicia, critica. En 2021, 138 activistas fueron asesinados en Colombia, 42 en México y 27 en Brasil.
Con información de la agencia de noticas AFP
