Tomás Gómez
A la espera de avance el concurso internacional para la contratación de nuevas tobilleras electrónicas, la Defensoría de los Habitantes intervino para exigir explicaciones al Ministerio de Justicia sobre el sistema actual.
Vía oficio, la defensora Catalina Crespo exigió a la ministra, Fiorella Salazar, una rendición de cuentas sobre la ampliación temporal del contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Entre otros puntos se cuestiona:
- Estado actual del contrato
- Datos actualizados de beneficiarios
- Proyecciones de población meta
Un parche al contrato original de tobilleras
El uso de tobilleras como alternativa a las cárceles estuvo marcado por cuestionamientos desde el inicio de su implementación.
Originalmente se financiarían mediante el BID pero luego se recurrió a prespuesto nacional y una contratación entre entes públicos, que evitó el largo proceso burocrático. Por el negocio compitieron RACSA y la ESPH, ganado la segunda.
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Para cumplir, se hizo necesario una subcontratación, que también levantó roncha y tras varios conflictos incluso debieron sustuir al proveedor tercerizado.
Desde el 2019, la gestión de la exministra Marcia González arrancó el proceso para el contraro internacional. Con el cambio a la nueva jerarca, sin embargo, se frenó el plan para incorporar “lecciones aprendidas”.
El proceso se dilató y no fue hasta febrero cuando se lanzó el nuevo cartel.
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El concurso se abrió sobre el tiempo límite del contrato actual y habiendo fracasado los pedidos de prórrogas, casi 1.800 usuarios de tobilleras tenían comprometido su destino.
Justicia recurrió entonces a la figura del “contrato adicional”, que extiende el vínculo actual hasta por 2 años o mientras queda en firme el nuevo concurso.
La Contraloría también ha sido crítica con el tema de las tobilleras y lanzó diversos señalamientos al cartel con el que se pretende hallar un nuevo proveedor (El Observador)
