Tomás Gómez
A pocas horas de que venza el contrato de tobilleras con la Empresa de Servicios Públicos (ESPH) los cuestionamientos siguen activos.
Aunque la Contraloría General de la República (CGR) había rechazado la prórroga, el Ministerio de Justicia se valió del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa para seguir contratando el servicio hasta por dos años, mientras llega un nuevo proveedor.
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Ante ello, la diputada restauracionista, Floria Segreda, que ha sido crítica con el tema en otros momento, reclamó una vez más y calificó la decisión como una “burla”.
“Yo quiero que Fiorella Salazar (Ministra de Justicia) le explique a todos los costarricenses por qué hasta ahora, casi al filo de que venza el contrato con la ESPH, da a conocer la licitación para contratar un nuevo proveedor. Hace un año, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, dijo que ya la tenía lista. ¿Señora ministra a quién busca favorecer?”, dijo.
Un portillo para mantener monitereo
El contrato de tobilleras electrónicas para monitorear a reos, con la ESPH, vence el domingo a media noche y su finalización dejó en el aire el futuro de 1.800 personas.
Aunque la gestión de la exministra Marcia González avanzó con una licitación internacional, al llegar la actual jerarca se insistió en que había lecciones aprendidas y se promovió un nuevo cartel.
El proceso se espera finalizar en un año pero se arrancó hasta hace pocas semanas, lo que generó incertidumbre.
Inicialmente se planteó la prórroga fallida y ahora se usará la vía de un “contrato adicional”.
Esta vía no requiere seguimiento de la Contraloría y aplica una vez que el contrato actual acabe.
Así, a partir del 28 de febrero y hasta el 7 de marzo, el Ministerio de Justicia y la ESPH estarán bajo un convenio gratuito mientras queda el firme el nuevo contrato.
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Una vez formalizado el nuevo acuerdo este regirá por hasta 24 meses o hasta la llegada del nuevo equipo, planeado para diciembre.
Para permitir la negociación, el precio diario de cada tobillera bajó de $12,3 a $10,3. Además, cada 100 nuevos usuarios implicarán un descuento.
Sobre la toma de la decisión a última hora, Justicia alegó que se dependía de la aprobación del presupuesto extraordinario que quedó en firme esta semana.
Tobilleras investigadas hasta por la Fiscalía
El mensaje de diputada Segreda retomó otros cuestionamientos al servicio de la ESPH, elevados incluso a la vía judicial.
“No es posible que la ministra Salazar nos diga que están actuando con transparencia, cuando todo lo que ha pasado en torno a las tobilleras es oscuro y genera cientos de dudas y hasta está siendo investigado por la Fiscalía”, dijo la diputada.
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El Observador ha dado a conocer diversos detalles de la investigación seguida por aparentes irregularidades en los acercamientos para brindar el servicio.
El proceso se lleva bajo el expediente 18-000094-1218-PE que tiene como imputados a:
- Celso Gamboa: exministro de Seguridad y exmagistrado
- Victor Hugo Víquez: exdiputado por Heredia (2010-2014)
- Allan Benavides: gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia
- Juan David Rothe: empresario
- Gerard Schalk van Andel: empresario
El caso está asignado a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se ha engrosado con investigaciones del OIJ donde se profundizó la gestión de representantes de la ESPH en diferentes procesos para eventuales contrataciones públicas.
Estas se estarían facilitando pues las relaciones entre entes públicos tienen menos trabas burocráticas.
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El supuesto delito señalado es tráfico de influencias, que se configura cuando se actúa sobre un funcionario público para que haga, retarde u omita nombramientos, adjudicaciones o contratos propios de su cargo, generando así beneficios a terceros.
Según la Ley Contra la Corrupción, el delito tiene una pena de prisión de 2 a 5 años.
La investigación de la Fiscalía abarca diversos ámbitos tecnológicos en los que la ESPH intentó figurar, incluyendo las tobilleras (Archivo)
