Rodrigo Díaz
La Defensoría de los Habitantes llamó la atención a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) debido a que funcionarios de esta institución que hacen atención indirecta o realizan teletrabajo también forman parte del primer grupo de vacunación contra el covid-19.
Lo anterior se produce pese a que se determinó que solo se vacunaría a los trabajadores de primera respuesta a la emergencia, según los grupos establecidos por el Ministerio de Salud.
La nota escrita por la Defensora Catalina Crespo, iba dirigida tanto a Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS como a Daniel Salas, ministro de Salud.
Crespo se refirió al hecho con base en un reportaje emitido por Noticias Repretel este jueves 21 de enero. Señaló que se estaban vacunando a estos funcionarios “dejando así de lado poblaciones vulnerables tales como adultos mayores, personas con discapacidad entre otros para un segundo y hasta tercer grupo”.
De acuerdo con la nota, “no se observa en ningún momento dentro del primer grupo de atención a estos funcionarios, por lo que resulta procedente y necesario que se aclare por parte de los Despachos que ustedes representan el motivo y la justificación para esta
variante en el proceso de vacunación”.
Crespo enfatizó en la necesidad de que se garantice que poblaciones vulnerables y de alto riesgo en caso de contagio del COVID 19
reciban la vacuna de forma prioritaria a otras poblaciones con menor riesgo “como lo son personas que se encuentren de teletrabajo o que sean de contacto indirecto, sin importar que estos sean funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social ya que de mantenerse la presunta medida de priorización esto generaría un trato “privilegiado” por el hecho de ser funcionarios de dicha institución”.
Por ello, la Defensoría solicitó un informe con el detalle de:
- Valoración o análisis que justifique la presunta incorporación de estos
funcionarios dentro del Grupo número 1 de priorización. - Detallar las medidas a adoptar por las dependencias a sus cargos para corregir esta situación de manera que se garantice la protección del Derecho a la Salud de estas poblaciones vulnerables.
- Aclarar de forma inmediata a la población en general las dudas que se hayan generado por la publicación de la noticia.
Para la respuesta, la Defensoría confirió un plazo de 24 horas. La nota fue remitida el jueves, pero al cierre de esta nota, el viernes por la noche, aún no se conocía si hubo respuesta por parte de la CCSS.
De parte del Ministerio de Salud, la encargada de comunicación dijo que no se había enviado respuesta.
La nota es la segunda que envía la Defensoría sobre el tema el tema de vacunas esta semana. En la anterior misiva, Crespo instó a que se den a conocer los criterios técnicos sobre los cuales se establecieron los grupos prioritarios de aplicación de la vacuna contra el covid-19.
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Prioridad a funcionarios
La semana pasada, El Observador dio a conocer que de las vacunas aplicadas hasta ese momento, unas 25.000, el 78% fueron colocadas a funcionarios de la CCSS.
En cambio, solo un 9% de los vacunados eran adultos mayores. Estos corresponden a residentes de hogares de larga estancia.
Mientras tanto, unas 57.000 dosis, un 65% aproximadamente aún se encontraban almacenadas.
Pese a que relativamente el proceso no ha acelerado, este jueves en conferencia de prensa, Mario Ruiz aseguró que la institución tenía capacidad para vacunar 300.000 personas por semana.
OBSERVE MÁS: 65% de las vacunas contra covid-19 se mantienen almacenadas en la CCSS
Críticas a plan de vacunación
Tras cumplirse casi un mes de iniciada la campaña de vacunación contra el covid-19, se ha generado malestar entre los mismos funcionarios de la CCSS.
Trabajadores de los hospitales de Alajuela, Liberia y el Calderón Guardia manifestaron su incorformidad por redes sociales. Señalaron que parte del personal de primera línea de atención no recibió la primera dosis.
Otra situación que se presentó fue que la cantidad de vacunas que llegó a los centros médicos fue menor de la anunciada.
Incluso, algunos funcionarios se vieron molestos porque se les llamó a cita, sin embargo, no había vacunas.
También existe una denuncia presentada por el diputado Walter Muñoz, de una persona que pagó $500 para recibir la vacuna contra el covid-19.
Muñoz ventiló el caso en la Asamblea Legislativa, mientras que el gerente médico, Mario Ruiz, le interpeló públicamente para que hiciera la denuncia por escrito, con nombre y apellidos.
Rodrigo Díaz
