Tomás Gómez
Las empresas privadas tendrían la posibilidad de generar contratos especiales para personas desempleadas que se encuentren detenidas por no poder pagar la pensión alimentaria.
La iniciativa fue presentada la semana anterior por el diputado independiente Harllan Hoepelman y según su motivación, más que una bolsa de empleo se trata de garantizar la manutención de los niños y adolescentes.
“Cabe preguntarse qué es lo que logra el Estado con mantener en prisión a personas sin ingresos económicos durante seis meses cuando el problema de fondo es la falta de empleo”, señaló el legislador.
“La respuesta es obvia: no se logra nada positivo, por el contrario se pierde la libertad de tránsito y este problema social se profundiza más con el alejamiento de padres e hijos”, agregó.
En detalle
La propuesta normativa generaría los siguientes insumos:
- Convenios especiales: el Ministerio de Trabajo y la empresa privada generarían convenios para la contratación de las personas detenidas.
- Incentivos específicos: las empresas contratantes recibirán incentivos específicos.
- Capacitación: el Estado identificará los perfiles de los puestos a contratar y podrá brindar capacitación para facilitar la inserción laboral.
Población vulnerable
La cantidad de detenidos por no pagar la pensión alimentaria ronda los 300 hombres y las cinco mujeres al mes.
Al presentar el proyecto, Hoepelman les identificó como un grupo en especial condición de vulnerabilidad.
“Es importante considerar que las personas obligadas a dar alimentos tienen circunstancias distintas al resto de la población, que afectan de manera especial a la persona deudora, a sus beneficiarios, a la familia y a la sociedad”, concluyó.
