Paula Ruiz
La diligencia realizada por el Fiscal General, Carlo Díaz, ante la Asamblea Legislativa, se enmarca en una investigación contra la diputada Pilar Cisneros por supuesto incumplimiento de deberes.
La semana pasada se dio a conocer que Díaz envió el oficio FGR-064-2023 al Departamento de Servicios Técnicos para conocer si algún diputado había realizado alguna consulta ante ese órgano por la participación de Cisneros en la Comisión Legislativa de financiamiento de partidos políticos.
Este medio solicitó el oficio y se indicó que no podía ser público puesto que se circunscribe en una causa de investigación por lo tanto forma parte privada del caso.
El supuesto incumplimiento de deberes se basa en que Cisneros forma parte de la comisión legislativa pese a haber sido denunciada por la agencia Madison, por el impago de servicios brindados durante la campaña electoral 2022.
La compañía aduce que la deuda ronda los $114.000 debido a servicios como fotografía, vallas publicitarias y monitoreo, entre otras.
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En la denuncia planteada contra Cisneros ante Fiscalía, se expone un supuesto conflicto de interés mientras que diputados miembros de este foro legislativo consideran que ella es “juez y parte”.
De hecho, representantes de Madison formaron parte de los comparecientes en el panel legislativo.
En ese espacio indicaron que pese a la ausencia de pagos se rompió la relación para continuar brindando servicios durante campaña. Pese a ello, la deuda no impidió que se usaran materiales como línea gráfica y fotografías adeudados, según expusieron.
La diputada defendió que durante esa audiencia quedó demostrado que ella no tuvo nada que ver con firma de contratos, pagos, ni órdenes.
“Yo no tuve nada que ver con eso. El hecho de que me acusaran a mí, me imagino que como soy una persona más o menos conocida, por eso encontraron bueno, entre comillas, acusarme (…) cuando uno no tiene nada qué esconder, cuando uno es totalmente transparente y abierto, ¿Cuál es el problema? Ninguno”, expuso la oficialista.
Dos causas abiertas
Actualmente, la Fiscalía General de la República mantiene dos causas abiertas con la legisladora.
Una de ellas es por el supuesto incumplimiento de deberes que se sigue a través del expediente 22-000078-0033-PE.
El segundo es por el supuesto delito de peculado y se desarrolla mediante el expediente 22-000081-0033-PE, informó el Departamento de Prensa del Ministerio Público.
Sobre este último no se rindió más detalle. El delito de peculado recae sobre funcionarios públicos que empleen en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella, según el Código Penal vigente.
En noviembre del 2022, el Frente Amplio denunció en Plenario que Cisneros utilizaba una de sus asesoras parlamentarias para defenderla, justamente por la causa relacionada con Madison.
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